Contraloría detecta serias irregularidades en Carahue por compras con recursos Covid

La Región 26 de abril de 2021 Por Catalina Sánchez
Se constató que la municipalidad realizó tres desembolsos, los cuales totalizaron la suma de $61.298.159. Sin embargo, dichos gastos no contaban con la justificación necesaria para ser financiados con ese dinero, siendo rechazados por dicha Subsecretaría.
Tunel Covid Carahue
Tunel Covid Carahue

Serias irregularidades detectó la Contraloría General de la República, en el uso de los recursos que el año pasado el Gobierno destinó para combatir el Covid, en el municipio de Carahue. Esto, tras una revisión a las adquisiciones realizadas para afrontar los efectos de la pandemia por COVID-19, con cargo al subtítulo 22, bienes y servicios de consumo y los financiados, eventualmente, con recursos extrapresupuestarios, por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2020. 

"Se constató que la municipalidad realizó tres desembolsos, a saber, el gasto por concepto de reparación de vehículo, adquisición de un terreno y la constitución de un derecho de servidumbre, los cuales totalizaron la suma de $ 61.298.159", dice la Contraloría.

"Los que fueron financiados originalmente con recursos transferidos por la Subsecretaría del Interior, los que tenían como finalidad el de contribuir a mitigar los costos que han debido enfrentar con motivo de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, sin embargo, dichos gastos no constaban con la justificación necesaria para ser financiados con dichos dineros, siendo rechazados por dicha Subsecretaría", agrega el informe.

"Se comprobó que tanto la compra del terreno y de la contratación de servidumbre, las que fueron realizadas a objeto de contar con un bien raíz para la construcción de una futura posta rural de salud y la adquisición de un derecho real de servidumbre para la utilización de tránsito de acueducto y alcantarillado en la localidad de Nehuentúe, respectivamente, no contaban con la documentación y requisitos técnicos que fundamentaran la contratación directa de ambas compras", puntualiza el ente contralor.

El municipio

Por su parte, el director de administración y finanzas del municipio, indicó que mediante el decreto de pago N°33, del 4 de marzo, se transfirió la suma de $6.298.159, a fin de regularizar financieramente el desembolso cuestionado y el alcalde de la comuna, señaló, que efectivamente se realizó dicho desembolso, utilizando los recursos de la transferencia realizada por la aludida cartera ministerial, operación que fue rechazada por la subsecretaría del Interior. 

"Se realizaron los ajustes contables necesarios para rebajar el gasto con cargo a los fondos recibidos desde la Subsecretaría del interior a fin de poder registrarlos y financiarlos con recursos del presupuesto del municipio", señaló.

Túneles Covid

Y eso no es todo, porque se advirtió que el municipio adquirió cuatro túneles sanitizadores que no contaban con autorización sanitaria que permitiera el uso de desinfectantes, directo a las personas, por la suma de $13.199.999. Asimismo, se contrataron los servicios de sanitización de espacios públicos al proveedor, Distribuidora Habacuc SpA, el cual no cuenta con autorización de la Seremi de Salud, para prestar dicho servicio.

"La autoridad sanitaria jamás dio una directriz respecto de si los aludidos túneles eran o no elementos que podían colaborar en la retención del COVID-19. Así entonces, añade en su respuesta, que la instrucción de la autoridad sanitaria no puede aplicarse a la referida adquisición", señaló la Contraloría.

"La Seremi de salud, deberá acreditar documentalmente la comunicación y sociabilización del oficio ordinario B32 N° 1.313, de 2020, de la subsecretaría de salud pública a los funcionarios relacionados con la materia tanto de los municipios de la región de la Araucanía, como servicios públicos, en un plazo de 30 días hábiles, contando desde la recepción del presente informe", se lee en la documentación.

Finalmente, la Contraloría informó que instruirá un sumario administrativo a fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios que, con su actuación u omisión, permitieron la ocurrencia de los hechos objetados.

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