Ministra Cecilia Aravena encabeza reunión intrainstitucional para abordar denuncias de violencia de género

La ministra de la Corte de Apelaciones de Temuco, Cecilia Aravena López, encargada de asuntos de género del tribunal de alzada, lideró la primera reunión intrainstitucional de evaluación de la implementación del “Protocolo de atención para acceder a canales de denuncia de violencia intrafamiliar y de género; y requerimientos de aplicación judicial de medidas de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes en los tribunales del país, en el contexto de la pandemia por covid-19”.

La Región 21/05/2021 Catalina Sánchez Hidalgo Catalina Sánchez Hidalgo
Genero general uno

La reunión virtual fue convocada por Comité de Genero de la Jurisdicción de La Araucanía, bajo el lineamiento de la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación de la Corte Suprema y  contó con la participación de un grupo de 50 jueces, consejeros técnicos, administradores y funcionarios de todos los tribunales con competencia penal y de familia.

“A través de esta jornada, nos comprometemos a transmitir todas las inquietudes que aquí surjan a la Secretaría de Género y No Discriminación de la Excelentísima Corte Suprema, que nos exige un contacto fluido y permanente para dar cuenta de estos asuntos, de esta manera iremos mejorando cada vez más la aplicación de este protocolo, y cumplir con nuestra obligación en cuanto a garantizar a las víctimas de violencia intrafamiliar y de género el adecuado y oportuno acceso a la justicia. Agradezco a cada uno de ustedes su participación en esta reunión”, sostuvo la ministra Aravena.

La ponencia principal estuvo a cargo de la magistrada Patricia Abollado Vivanco, jueza del TOP de Temuco e integrante del Comité de Género, quien dio cuenta del informe consolidado que emanó de los tribunales, sobre las distintas estrategias implementadas por cada tribunal durante la emergencia sanitaria, así como la identificación de puntos críticos de cada tribunal, el rol de los profesionales y de los funcionarios de atención de público en el contacto primario con las víctimas, la necesidad de coordinación con otras instituciones, de contar con capacitaciones internas y los requerimientos de folletería informativa de distribución pública, con la finalidad de mejorar el acceso a la justicia a las personas que sufren de los diversos tipos de violencia.

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