Funcionario de la defensoría habría inventado atentado mapuche para vengarse de su ex pareja

La Región 10 de abril de 2019 Por Javiera García
El involucrado podría ser llevado a tribunales durante estos días para formalizar la investigación por una pena de presidio menor en su grado mínimo y multa, además de presidio menor en su grado medio, es decir, de 541 días a 3 años, más multa.
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En el primer llamado, el sujeto, hablando en español y en mapudungún, se identificó como un comunero mapuche y advirtió a las autoridades que un grupo de personas, entre los que estaba uno de sus supuestos hijos, estaba planificando un atentado en contra de un fiscal de la zona y la familia Luchsinger.

La Fiscalía de La Araucanía al recibir esta información activó el sistema de protección y se comenzaron a solicitar a la justicia las medidas intrusivas respectivas para frustrar el supuesto plan y dar con los autores.

Hasta ahí, todo se tramitaba como varias causas que llegan a manos del fiscal Cristian Voullieme. La policía determinó que el chip desde el cual se hizo la llamada era de un imputado del denominado “caso Iglesias” y la georreferenciación de las antenas daba con un lugar colindante a una comunidad de Vilcún donde, justamente, vive el mencionado imputado.

La familia Luchsinger fue alertada y su abogado Carlos Tenorio siguió paso a paso los avances de esta investigación luego de que ya todos contaran con las medidas de protección correspondientes. Esto, hasta que la historia dio un inesperado giro.

El 31 de marzo el llamado volvió a repetirse. Esta vez con mayores detalles entregando el nombre de las tres personas que presuntamente participarían en el atentado, dando a conocer las características de la camioneta con la que se realizaría el ataque, donde señaló que estaría involucrado un hombre llamado “Gerardo”, su pareja Adela y una niña colorina. En el llamado aseguró que el presunto ataque lo estarían planificando en un domicilio de Los Galindo y que en ese lugar estaban reuniéndose para cometer este delito, finalizando que lo iban a hacer ese mismo día.

Producto de esto, la Fiscalía pidió varias autorizaciones judiciales de entrada y registro a la comunidad en busca de armas de fuego y se pidió a las compañías el tráfico telefónico de los denunciados. Al avanzar en las diligencias, se dieron cuenta de que no había ningún indicio de que las personas ahora investigadas tuvieran que ver con lo que el “denunciante mapuche” aseguraba. Cabe señalar que la diligencia de ingreso, fue realizada con previa autorización de los ''supuestos involucrados'' y gracias a la voluntad de estos, no se requirió una orden judicial. Sin embargo sí se realizaron escuchas telefónicas autorizadas por el tribunal; las que cesaron en cuanto se estableció la falsedad de los hechos. Es importante mencionar a la vez, que no hubo ingresos a la comunidad con el objetivo de buscar armas. 

Luego y tras analizar los chips utilizados en las dos llamadas, se logró establecer que quien realizó los llamados fue el funcionario de la defensoría Penal Pública, Mauricio Alarcón Vidal.

Las investigaciones arrojaron que Alarcón compró un chip y lo inscribió a nombre de Ariel Alexis Trangol Galino, absuelto en el denominado “caso Iglesias” e hizo la llamada desde el camino a Vilcún para dar credibilidad. El motivo que habría tenido el sujeto —de acuerdo con la información que aún se investiga— era perjudicar a su ex pareja Valeria Llanquinao y su familia incriminándolos de un supuesto plan terrorista.

No obstante, la vocera de la Fiscalía Regional de La Araucanía, Nelly Marabolia, calificó el actuar del involucrado como insensato, ya que implicó una gran preocupación al interior de la Fiscalía y las policías. ''queremos dejar claro que para la fiscalía esto es grave y el delito del involucrado se enfocaría en obstrucción a la investigación, donde este tendría una pena de presidio menor en su grado mínimo y multa. A esto se le agrega el delito de denuncia calumniosa, que tendría una pena de presidio menor en su grado medio, es decir, de 541 días a 3 años más multa'', agregó.

También señaló que esta situación implicó una victimización de los integrantes de la familia Luchsinger, ya que ellos pensaron que podían resultar afectados por un nuevo atentado.

El fiscal Cristian Voullieme pidió este miércoles al tribunal de garantía el sobreseimiento definitivo de las tres personas contra quienes se dirigieron medidas intrusivas y se apronta a pedir la formalización de Alarcón Vidal, en un inicio, por el delito de obstrucción a la investigación y denuncia calumniosa.

Finalmente por un tema de economía se dejo sin efecto el resguardo policial hacia la familia Luchsinger - Mackay debido a la inconsistencias en la supuesta denuncia. Por otro lado la investigación estaría en curso, sin embargo, Mauricio Alarcón, sería llevado prontamente a tribunales para formalizar la investigación, donde se investigará las faltas al estatuto administrativo, para aplicar las sanciones que corresponda en caso de que el funcionario aludido hubiera infringido esta norma. Paralelamente, también se revisarán en este caso eventuales infracciones al código de ética de la institución. 

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