Gobierno pone fin a consulta por cambios a la ley Indígena

Política 14 de noviembre de 2019 Por
Fue un proceso muy polémico y que partió con complicaciones. Violencia que el Gobierno no supo anticipar, manifestaciones en contra por parte de quienes se oponían a su realización y que dejaron destruidos algunos lugares donde ser realizaba el proceso y acusaciones de utilización por parte de dirigentes que denunciaban incluso la intromisión de partidos de izquierda en el proceso.
Consulta Indígena
Consulta Indígena

Fue un proceso muy polémico y que partió con complicaciones. Violencia que el Gobierno no supo anticipar, manifestaciones en contra por parte de quienes se oponían a su realización y que dejaron destruidos algunos lugares donde ser realizaba el proceso y acusaciones de utilización por parte de dirigentes y parlamentarios, que denunciaban incluso la intromisión de partidos de izquierda en el proceso.

Luego, en una segunda etapa y ante el cambio de ministro en Desarrollo Social, en el cual asumió el ex democrata cristiano Sebastián Sichel, la consulta se paralizó y fue incorporado al equipo el ex diputado de la UDI por Malleco Gonzalo Arenas, quien por su cuenta y contrariando la versión oficial del Gobierno en ese momento declaró: "No queremos seguir con una consulta que el día de mañana tenga tales grados de deslegitimidad política y social que al final haya sido un ejercicio totalmente en vano, que no sea representativo”

Sin embargo, el propio Gobierno a través de su ministra vocera Cecilia Pérez, al mismo tiempo declaraba: "No existe ninguna decisión con respecto a que la consulta indígena no siga adelante, lo que hay es un periodo de suspensión, luego de la primera etapa. Son cinco etapas las que tiene de la cual como en todo en orden de cosas hay que evaluar cómo se enfrenta la segunda etapa".

Y al parecer Arenas tenía razón, ya que ayer, a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el Gobierno ingresó un escrito a Contraloría para cancelar definitivamente la consulta indígena.

"El procedimiento ya había sido cancelado en dos ocasiones, a través de resoluciones exentas N°s 553 y 631, ambas de 2019 y del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, las que se publicaron debidamente en el Diario Oficial el 31 de julio y el 01 de octubre respectivamente", comunicó el Gobierno.

"Habiéndose analizado la oportunidad y conveniencia de continuar adelante con el procedimiento de Consulta Indígena, y en virtud del artículo 61 de la Ley N° 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado, que permite la revocación de los actos administrativos a los órganos que los hubieren dictado, el Ministerio de Desarrollo Social ha decidido revocar la Resolución Exenta N° 241, de 2019, poniendo término al procedimiento de consulta indígena iniciado en el mes de abril", informó ayer el ejecutivo.

El comunicado enviado ayer puntualizó finalmente que esperan que la decisión ayude a la paz social, a recomponer las confianzas y a reforzar las condiciones habilitantes para el diálogo que el proceso logró construir. 

Sin embargo no todos deben haber quedado contentos. Ya en julio pasado parlamentarios de RN y Evópoli de la región se habían manifestados contrarios a la suspensión del proceso.

"Suspender definitivamente la consulta indígena es darle fuerza y sentido a los grupos violentos que han impuesto en base al temor, el rechazo a la consulta y en la misma línea suspenderla es negar el camino del diálogo y los acuerdos; suspenderla es cuestionar el convenio 169 y hacerle perder legitimidad", dijo en la oportunidad el diputado Sebastián Álvarez.

Lo que complementó el RN Miguel Mellado, quien señaló que era evidente y se había visto, que la izquierda había influido en las comunidades para que se rechazara esta etapa de la consulta, por lo que era necesario prever esta situación.

Ahora, para realizar un nuevo proceso de consulta, si así lo decide el ministerio de Desarrollo Social, habrá que prever una planificación, comunicación y condiciones que garanticen por un lado el derecho a expresarse de las comunidades, como una seguridad que evite los malos ratos, agresiones y destrucción que se generó en el proceso anterior.

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