Parlamentarios de gobierno arremeten contra Conadi ante la Contraloría

La Región 09 de septiembre de 2019 Por
Los legisladores también solicitaron que se investigue la actuación del propio ente contralor, al autorizar compras de tierras con un procedimiento que ellos mismos determinaron en 2011 que "no se ajustaba a Derecho". Piden además que se instruya sumario administrativo a los funcionarios involucrados en la compra de tierras y catastro de títulos de Merced, Comisarios y otros.
DN Conadi
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Los diputados de renovación Nacional René Manuel Garcia (RN), Miguel Mellado (RN) y Jorge Rathgeb (RN), junto a la senadora independiente Carmen Gloria Aravena, presentarán hoy a las 09:00 horas, ante la Contraloría General de la República, un requerimiento que solicita, entre otras peticiones, que se pronuncie sobre la legalidad del procedimiento establecido por la Corporación Nacional Indígena Conadi, para entregar aplicabilidad y comprar tierras a comunidades indígenas, de acuerdo a tres criterios que de acuerdo a los legisladores, no están en las leyes y que por lo tanto, sería arbitrario.

En efecto, con fecha 21 de Octubre del año 2011, el entonces director nacional de Conadi (s) Germán Riquelme, mediante Resolución Exenta N° 1847 dejó sin efecto la Resolución Exenta N° 878 del año 2003 del director nacional de la institución, Aroldo Cayun; respecto de la cual la Contraloría había determinado que "no se ajustaba a derecho". El problema, apuntó el diputado Miguel Mellado, es que el procedimiento que determinó Riquelme, también es incorrecto y permite que las comunidades vuelvan a pedir tierras una y otra vez.

"La fracasada política de entrega de tierras a través de presiones ilegitimas de comunidades que utilizan la violencia, genera un incentivo que se aleja de todo fundamento y propósito de la Ley Indígena, por lo mismo, se debe buscar superar el problema planteado, sincerando y regulando los criterios de entrega y dictación de la resolución de “aplicabilidad” para la compra de tierras, hasta ahora, marcada por la absoluta discrecionalidad del acto administrativo del Director Nacional de Conadi de conceder la aplicabilidad a una u otra comunidad", dice la presentación.

Y es que la resolución emitida en 2011, supedita la aplicabilidad y consecuente compra de tierras a tres condiciones que no son objetivas, plantean los parlamentarios de gobierno. 

"A través de esta ambigua interpretación por parte de CONADI, el uso de las vías de hecho de comunidades indígenas como mecanismo para acceder a tierras se sustenta en que la política de entrega de tierras lo permite", dicen los legisladores.

En rigor, la resolución N° 1847 del 2011, señala: "b) El Director, previo informe jurídico administrativo sobre cada una de las solicitudes, resolverá sobre la base de los siguientes “criterios prioritarios”:
1. Número de personas o comunidades; 2. Gravedad de las situaciones sociales para un alto número de familias o para toda una comunidad; 3. Antigüedad del problema con caracteres de magnitud en la comunidad respectiva"

Para los diputados y la senadora, el proceso de entrega de tierras siempre ha estado envuelto en polémicas en los distintos gobiernos, sin perfeccionar los mecanismos de entrega a través de condiciones objetivas. Algunas comunidades reclaman derechos ancestrales, la existencia de una “deuda histórica” y la devolución de aquellas que le “debieran pertenecer”, sin embargo, hay una inexistencia de una cuantificación inicial socialmente válida de los tipos de problemas de restitución de tierras.

"Así, se da cuenta de la ausencia de estudios causales, de títulos u otros que objetiven seriamente la cantidad de tierras en problemas. Tampoco existe un orden cronológico de prioridades de compra en cuanto a las solicitudes aceptadas, dejándose a las comunidades generalmente pacíficas postergadas", dicen los parlamentarios.

"Se ha continuado entregando “aplicabilidades” para compras de tierras a comunidades nuevas (no tienen título de merced por no ser originarias) y a comunidades que fueron beneficiadas en procesos de compra anterior, postergando a las que sí corresponde", dice Mellado. 

Ejemplo claro de lo anterior, dicen los parlamentarios, es lo ocurrido por la Comunidad Indígena Ignacio Quidel, hoy subdividida en Comunidad Temucuicui Autónoma y Comunidad Temucuicui Tradicional. A la comunidad indígena Temucuicui les corresponde el título de Merced N° 3 de una superficie original de 250 hectáreas aproximadamente, el cual, no tuvo desmedro de cabida y por tanto, siempre los comuneros han estado en posesión material del terreno. Sin embargo, a través las vías de hecho y de la mano de la ambigüedad interpretativa y arbitraria de la decisión de entregar una aplicabilidad, pasando a ser más que una decisión técnica una decisión política, a esta comunidad indígena se les ha comprado en 8 oportunidades, equivalente a 3.036 hectáreas, postergando y agraviando a Comunidades pacíficas que siguen en las interminables listas de espera.

"Hoy en día vemos que esta misma comunidad está solicitando nuevas compras y está haciendo ocupación ilegal de distintos predios que demanda sean comprados por Conadi para ellos", dicen los diputados y la senadora.

Solicitud de investigación y sumarios

Junto con solicitar que se aclaren ciertos términos utilizados en la resolución exenta que regula la compra de tierras, los parlamentarios solicitan a la Contraloría:

- Efectuar un catastro claro y preciso relacionando títulos de Merced, de Comisarios y otros documentos que validen estas compras. Determinando marco legal regulatorio y atribuciones administrativas en este aspecto. Datos que además se encuentran en los Conservadores de Bienes Raíces de las comunas respectivas.

- Establecer de manera clara la legalidad de los actos administrativos realizados por el órgano contralor, como lo es la toma de razón en lo que respecta a la compra de tierras indígenas, si se actuó dentro del marco legal y no más allá de las atribuciones administrativas que la ley 19.253 indica para ello.

- Instruir Sumario administrativo con el fin de establecer las eventuales responsabilidades de los funcionarios tanto en CONADI como en Contraloría General de La Republica involucrados en la compra de tierras. Todo funcionario de la Administración del Estado está sujeto a determinados deberes y obligaciones que derivan directamente en su cargo.

"Solicitamos que se realicen sumarios tanto en la Conadi como en la Contraloría. Hubo 8 años en que se compraron tierras según un procedimiento ilegal que inventó Cayul y la Contraloría aprobó esas compras. Hay que ver que pasa hoy con esas tierras y determinar las responsabilidades", finalizó el diputado Miguel Mellado.

Cabe precisar que ni el senador de La Araucanía José García (RN), ni el diputado por Malleco, Diego Paulsen (RN) se hicieron parte de esta requerimiento a la Contraloría.

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