Abogada de ex carabinero: "Hay dos fiscales de La Araucanía que debieran estar formalizados"

La Región 12 de septiembre de 2019 Por
La abogada Mariza Navarrete volvió a referirse respecto de la Operación Huracán, donde se mantiene a su defendido, el ex capitán de Carabineros Leonardo Osses, en prisión preventiva. La abogada reafirma que varios fiscales de la región sabían del uso del programa Antorcha y que incluso cambiaron el contenido de un informe de Carabineros.
Fiscalía Temuco
Fiscalía Temuco

Su defendido, el ex capitán de Carabineros Leonardo Osses, continúa en prisión preventiva luego de que la Corte de Apelaciones de Temuco, revocara la decisión del juzgado de Garantía de la ciudad, que le había rebajado la medida cautelar a prisión domiciliaria. Osses sólo alcanzó a pasar una horas en su casa, para luego irse a entregar de manera voluntaria, después de saber que debía volver a prisión. La corte acogió la tesis de la fiscalía de que Osses era "un peligro para la sociedad".

En conversación con AraucaniaDiario, la abogada Marisa Navarrete volvió a reiterar que los ahora ex carabineros, nunca actuaron solos, si no que dirigidos por los fiscales que estaban a cargo de la Operación Huracán y que incluso, para no pedir autorización a un juez de garantía -que les habría negado la solicitud-, fueron ellos quienes enviaron a Carabineros a pedir autorización a un ministro de la Corte de Apelaciones.

Pero para Navarrete falta mucho por hacer en esta arista del caso Huracán, quizá la más compleja, ya que involucra a quienes representan al Ministerio Público y sobre quienes, especialmente, la mano de la Justicia ha sido suave o inexistente. Hoy ni siquiera hay un fiscal formalizado, no obstante que la abogada asegura que hay antecedentes de sobra para hacerlo. A cargo de esta investigación está el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma.

"Hace rato lo venimos diciendo, primero respecto a Arroyo desde el día uno y luego ahora con Moya, pero curiosamente tampoco ha habido ninguna solicitud de formalización ... está probado que lo que hace Carabineros se hace por recomendación o decisión de la fiscalía. Lo declara también el general Villalobos, quien va a hablar con el fiscal regional allá (a La Araucanía) ...", dice la abogada Marisa Navarrete.

La defensora del ex capitán Osses, insiste además en que evidentemente aquí hay una decisión clara de inculpar a cierto grupo de personas y de exculpar a otras, y aquellas que se exculpan, a la abogada le parece que son las más graves. "Porque aquí una investigación la puede realizar la policía, pero quien dirige la investigación es el Ministerio Público. Quien es el principal responsable de esta investigación es el ministerio público", dice Garrido.

"Si hasta corrigieron los borradores de los oficios antes de que éstos fueran entregados, entonces ahí hay una información bien relevante, aunque eso lo desconoce totalmente Arroyo, que dice que sólo los conoció el día en que se los entregaron (los informes), lo que no es verdad porque tiene los antecedentes en sus mensajes de whatsapp y en un correo electrónico", acusa la abogada.

Pero Marisa Navarrete agrega que eso no es todo, sino mucho más grave. "Al sargento Marvin Marín, cuando estaban con los teléfonos de los mapuche, analizándolos el día de las detenciones, uno de los fiscales le dice al carabinero que si sale algo de la fiscalía que no lo coloquen. Imagínense lo que le dice el fiscal a la policía, que no coloque algo que vaya a perjudicar a la fiscalía", dice Navarrete.

"... hay una serie de fiscales de la Araucanía involucrados, que cómo no se ha investigado y no se va a investigar no sabemos quienes más, pero lo concreto es que hay dos sumamente complicados y ni siquiera han sido formalizados. Hay dos fiscales de La Araucanía que debieran estar formalizados", puntualizó la abogada.

Navarrete espera que su representado, de quien tiene la convicción que no tuyo ninguna participación en la intercepción, resulte absuelto; aunque nunca se ha querido investigar toda la verdad. "La sospecha es que Smith no era la punta, sino que habían otros involucrados acá y eso es lo que no se ha determinado porque no se ha  querido investigar por parte de la fiscalía", finalizó la abogada.

Querella de Llaitul

Pero la historia no concluye aquí, ya que si bien es cierto, es el fiscal Carlos Palma quien tiene a su cargo la investigación que involucra a los fiscales, el vocero de la Coordinadora Arauco Malleco Héctor Llaitul, también se querelló, primero en contra de los carabineros involucrados en las interceptaciones que derivaron en su detención y luego, en contra de los fiscales Moya y Arroyo.

En conversación con Radio Universidad de Chile, el líder de la CAM explicó los fundamentos que motivaron a la ampliación de una querella que ya se había interpuesto en contra del ex jefe de Inteligencia de Carabineros, general Gonzalo Blu y el ex mayor de Carabineros, Patricio Marín.

La participación de Moya no es menor y el tema de Villalobos no hay que dejarlo pasar también. Entonces la querella va en ese sentido, de buscar responsabilidades más allá de la jerarquía política o policial, tiene que ver con cómo vamos desnudando al Estado en el tratamiento y en esta relación de conflicto que tiene con nuestro pueblo”, sostuvo a Radio Universidad de Chile en su momento, el vocero de la CAM.

La denuncia, que fue interpuesta por Rodrigo Román, abogado de Llaitul, incluye además al ex director general de Carabineros, Bruno Villalobos, a los fiscales Moya y Arroyo, y al mayor Patricio Marín.

Estamos ampliando la querella que ya presentamos en su momento respecto de Blu, Marín y todos ellos. Hoy día estamos ampliando respecto de Villalobos, de los fiscales Moya y Arroyo, y nuevamente en contra de Marín a propósito de los nuevos antecedentes que han surgido, particularmente, el extravío del equipo celular del mayor Marín que da cuenta de la responsabilidad que tendría Villalobos y los fiscales no solamente en la comisión del hecho sino que posteriormente en el encubrimiento”, dijo Román.

Sobre el delito en contra de los fiscales, la ley señala: “el fiscal del Ministerio Público que a sabiendas ocultare, alterare o destruyere cualquier antecedente, objeto o documento que permita establecer la existencia o inexistencia de un delito, será castigado con presidio menor en cualquiera de sus grados o inhabilitación especial perpetua para el cargo”.

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