5 exfuncionarios del Ejército fueron formalizados por la muerte del conscripto Franco Vargas
A casi 600 días del fallecimiento de Franco Vargas, conscripto de 19 años que murió mientras realizaba su servicio militar en Putre, el Juzgado de Garantía de Arica resolvió este miércoles decretar prisión preventiva para cuatro de los cinco exfuncionarios del Ejército imputados por apremios ilegítimos en el marco de su muerte.
La decisión se adoptó tras una audiencia de formalización que se extendió por dos jornadas, en la que intervino el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Durante la instancia, el Ministerio Público detalló los hechos que derivaron en la muerte del joven y en las lesiones sufridas por otros conscriptos.
El jefe de la Unidad de Protección de Derechos (UPD) del INDH, Sebastián Cabezas, valoró los términos en que el Ministerio Público presentó los cargos y añadió que “desde el primer momento el INDH ha indicado que los jóvenes conscriptos fueron víctimas precisamente por parte de funcionarios públicos que eran responsables de proteger su integridad física y psíquica. Estamos convencidos de que la instrucción en las Fuerzas Armadas debe necesariamente ser respetuosa con los derechos humanos de las personas”.
El INDH ha sido parte de este proceso desde un comienzo: la institución interpuso la primera querella por apremios ilegítimos el 8 de mayo de 2024. Luego, el 13 de mayo presentó la segunda querella, en este caso por la muerte de Franco Vargas y, a continuación, abogó porque el caso fuera investigado en los tribunales civiles, por tratarse de violaciones a los derechos humanos. Esta argumentación fue acogida por la Corte Suprema, que el 25 de junio del mismo año instauró un verdadero hito judicial al interpretar de manera restrictiva los casos que pueden ver los tribunales militares.
De acuerdo con lo señalado en la audiencia por el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, los conscriptos debieron enfrentar malos tratos físicos y psicológicos, consumir agua en mal estado, habitar espacios con fecas de roedores y dormir en condiciones de hacinamiento. Junto con la muerte de Franco Vargas, otros seis jóvenes resultaron con lesiones de gravedad.
Cabe recordar que durante la marcha del 27 de abril de 2024, Vargas sufrió al menos tres desmayos. La atención que recibió posteriormente fue cuestionada incluso por personal de salud y otros funcionarios del Ejército, antecedentes que se consignaron en la reconstitución de escena presentada ante el tribunal.
El fiscal regional de Arica, Mario Carrera, sostuvo que los imputados —dados de baja tras el fallecimiento de Vargas— incurrieron en múltiples acciones u omisiones durante una marcha iniciada desde un cuartel ubicado en la zona de Putre, las cuales contribuyeron a los delitos de apremios ilegítimos antes mencionados.
Así, la jueza Macarena Calas ordenó prisión preventiva para cuatro de los cinco funcionarios: al excomandante C.P.G.P. por apremios ilegítimos con resultado de homicidio y lesiones graves gravísimas; al exteniente B.D.W.A. por apremios ilegítimos; al exteniente B.A.T.J. por apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas; y al exenfermero militar M.I.Z.G. por apremios ilegítimos, con resultado de homicidio y lesiones graves gravísimas. En tanto, al excapitán M.J.F.G. se le impuso arresto domiciliario total.
Acompañamiento del INDH
El INDH a través de sus sedes regionales y unidades especializadas ha realizado seguimiento permanente de la investigación y acompañamiento a las víctimas y sus familiares desde mayo de 2024. Los equipos del INDH buscaron verificar, contextualizar y sustentar la información obtenida en las entrevistas con testigos y víctimas, incluyendo la revisión de las evidencias, un análisis contextual y la sistematización de la información. Esto permitió tener una base sólida de antecedentes.
Asimismo, la institución brindó atención oportuna a las víctimas (ex conscriptos) y familiares, entre quienes se encuentra la madre de Franco Vargas. El proceso de acompañamiento permitió identificar necesidades, afectaciones y consecuencias de las vulneraciones experimentadas por las víctimas, para lo que ha mantenido un trabajo en red, realizando derivaciones asistidas a instituciones especializadas capaces de proporcionar atención y reparación especializada.