Destapan eventual tráfico de niños haitianos en vuelos exclusivos hacia Chile
Una situación de extrema gravedad institucional y de vulneración de derechos fundamentales quedó al descubierto, tras la denuncia penal interpuesta por el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) ante la justicia. La acción legal apunta al presunto delito de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, involucrando a cientos de niños, niñas y adolescentes (NNA) de nacionalidad haitiana que ingresaron al país a través de vuelos chárter privados.
El requerimiento judicial se gatilló tras conocerse un preinforme reservado emitido por la Contraloría General de la República (CGR). Dicha fiscalización detectó una profunda "falla estructural" e irregularidades en los procesos de "reunificación familiar". Entre las fallas principales, se expuso la nula interoperabilidad informática entre la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), la Policía de Investigaciones (PDI) y el propio Sermig, lo que impidió cruzar las listas de pasajeros de los aviones con quienes efectivamente timbraban su ingreso en las ventanillas del aeropuerto o llegaban a los destinos declarados.
La gravedad del informe detalla situaciones críticas: adultos que ingresaban reiteradamente con nutridos grupos de niños sin filiación comprobable o, incluso, el caso de tres menores que arribaron al país cuando el supuesto padre que había solicitado la reunificación llevaba 30 días fallecido, perdiéndose el rastro de los infantes tras el control policial. Fiscalizaciones posteriores arrojaron que decenas de estos menores se encuentran hoy en condición de "inubicables".
Alertas ignoradas desde 2023
En medio del impacto público del caso, el exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, abordó la problemática en una entrevista con BioBioTV, revelando que esta presunta red no es un hecho nuevo y que las alarmas estatales ya habían sido enviadas a los tribunales hace años.
Hicimos la denuncia el año 2023 y en virtud de eso se inició una investigación que hoy día está en curso
"Nosotros pusimos a disposición del Ministerio Público información sobre vuelos y agencias de viaje con sede en Chile que eventualmente podrían estar involucradas en una red o incurriendo en el delito de trata o tráfico de personas. Hicimos la denuncia el año 2023 y en virtud de eso se inició una investigación que hoy día está en curso", precisó Thayer, apuntando a que el organismo entregó consecutivamente antecedentes sobre entidades comerciales sospechosas y líneas aéreas operantes desde Puerto Príncipe.
Del mismo modo, el exjefe del servicio reveló que la falta de fiabilidad de los documentos emitidos en Haití obligó a la administración a tomar medidas extremas durante el año pasado: "En virtud de detectar algunos documentos que no estaban verificados, que eventualmente estaban adulterados, detuvimos la tramitación de las residencias de niños y niñas haitianas a fines de agosto del año 2025, dada la dificultad que existe en ese país y en nuestro consulado para verificar la documentación", puntualizó Thayer, explicando que se priorizó la certeza documental por sobre el avance de los procesos de reunificación.
Respecto a las responsabilidades operativas, la exautoridad desglosó que la DGAC tiene la tuición sobre la seguridad y autorización de los vuelos (donde acusó que las aerolíneas infringían la norma de transportar un máximo de tres o cuatro niños por adulto); la PDI mantiene la responsabilidad del control in situ de las fronteras y la entrega formal del menor a sus padres biológicos; mientras que el Sermig revisa la legalidad de los papeles antes de visar el viaje.
Fiscalía indaga red transnacional organizada
Ante el cúmulo de antecedentes, la Fiscalía Nacional instruyó abrir de oficio una indagatoria de carácter penal de alta complejidad, la cual quedó radicada en manos de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.
El director de la Unidad Especializada en Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, ratificó el inicio inmediato de las diligencias: "Estos son hechos graves que requieren una investigación específica, con un equipo especializado y con la mayor rigurosidad penal para poder despejar si los hechos son delitos o no", sostuvo el persecutor.
Las pesquisas del Ministerio Público apuntan a descifrar la estructura de una organización transnacional que coordinaba el arriendo de los aviones chárter, indagando no solo los delitos de tráfico y trata de menores, sino que también eventuales delitos conexos como la falsificación de instrumento público, cohecho o soborno de funcionarios dentro o fuera del territorio nacional. El caso, que involucraría inicialmente a más de 200 menores de edad, se anticipa como uno de los mayores desafíos de control fronterizo e institucional del último tiempo en el país.