Regionalistas Verdes acudirán a TC para frenar norma que indemnizaría proyectos ambientales anulados
La Federación Regionalista Verde de La Araucanía anunció que su colectividad recurrirá al Tribunal Constitucional para impugnar la norma contenida en la megareforma del Gobierno que permitiría indemnizar con recursos públicos a titulares de proyectos cuya Resolución de Calificación Ambiental (RCA) sea anulada por los tribunales. A juicio de la colectividad, la medida vulnera garantías constitucionales al trasladar al Estado el costo de errores o deficiencias de proyectos privados que no cumplieron adecuadamente con la legislación ambiental.
Los dirigentes regionalistas advirtieron que la propuesta genera un incentivo equivocado al socializar las pérdidas de inversiones mal diseñadas o emplazadas en territorios incompatibles con la protección del patrimonio natural y cultural. "Si un proyecto es anulado por la justicia debido a incumplimientos ambientales, no corresponde que sean todos los chilenos quienes financien esa decisión con recursos fiscales. Quien invierte debe asumir también la responsabilidad por el diseño y cumplimiento de su proyecto", señalaron.
La colectividad recordó que en Chile existen numerosos proyectos que han debido ser rechazados, modificados o judicializados por sus impactos sobre ríos, humedales, bosques nativos, glaciares, áreas protegidas, biodiversidad, patrimonio arqueológico y sitios de significación cultural para los pueblos indígenas. Casos como Dominga y la planta de hidrógeno verde INNA reflejan la importancia de contar con evaluaciones ambientales rigurosas antes de autorizar grandes inversiones.
Los Regionalistas Verdes hicieron este llamado cuando el proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional ya fue aprobado en general por la Sala del Senado y actualmente se encuentra en su discusión en particular en las comisiones especializadas. En ese escenario, instaron a senadores y senadoras a eliminar esta disposición, advirtiendo que aún existe espacio para corregir una norma que, a su juicio, debilita la institucionalidad ambiental, compromete el patrimonio fiscal y crea un precedente que favorece intereses privados por sobre el interés público.
La colectividad sostuvo que la verdadera certeza jurídica se construye fortaleciendo la planificación territorial, actualizando los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial y desarrollando información pública sobre biodiversidad, recursos hídricos y patrimonio natural y cultural. Asimismo, reiteró que presentará un requerimiento ante el Tribunal Constitucional e hizo un llamado transversal al Congreso a impedir que los recursos públicos terminen indemnizando proyectos privados que no cumplieron la legislación ambiental vigente.