A penas de 4 y 3 años de presidio fueron condenados un funcionario municipal y un empresario, quienes habrían defraudado al fisco para lograr licitaciones.

Fue la Unidad de Delitos de Corrupción de la Fiscalía quien logró esta condena  por un fraude a la Municipalidad de Temuco por más de 209 millones de pesos, por trabajos pagados del sistema de alumbrado público en la comuna que no se ejecutaron.

Los hechos ocurrieron entre los años 2014 a 2016, cuando el primero de los condenados, Jaime Cifuentes Carrillo, ejercía como Jefe del Departamento de Alumbrado Público de la Municipalidad de Temuco.  

La investigación determinó que al funcionario le correspondía confeccionar las especificaciones técnicas de las licitaciones y verificar y controlar la efectiva realización de las obras adjudicadas y que en ese contexto realizó 7 licitaciones para la instalación, mejoramiento y conservación del sistema de alumbrado público en distintos sectores de la comuna, las que fueron adjudicadas al mismo oferente: la empresa constructora del empresario Héctor Sandoval Aróstica, con quien se coludió para defraudar al municipio.

El fiscal Cristian Crisosto, de la Unidad de Delitos de Corrupción de la Fiscalía de Temuco, explicó que en el ejercicio de sus funciones público realizó dos tipos de delitos.  

“En primer lugar se había pagado por parte de la municipalidad por obras del alumbrado público que efectivamente no se hiciceron. Y por otro lado se logró establecer que existieron licitaciones ficticias, esto es que en realidad licitaron obras que ya estaban ejecutadas. En el fondo se pagó por obras que no era necesario efectuar”, contó Crisosto.

En audiencia de procedimiento abreviado Jaime Alfredo Cifuentes Carrillo y Héctor Sandoval Aróstica admitieron responsabilidad en los hechos y fueron condenados, respectivamente, a penas de 4 y 3 años de presidio por los delitos de fraude al fisco y obtención fraudulenta de prestaciones estatales.

El fiscal Crisosto destacó que se trató de una investigación muy compleja, puesto que fueron necesarios peritajes de electro ingeniería efectuados en terreno por la Policía de Investigaciones para verificar que las obras pagadas no habían sido ejecutadas, además de peritajes contables que lograron establecer pagos de dinero de parte de la empresa contratista al funcionario de la municipalidad, como también a diversos familiares de este funcionario.