Desde el pasado 26 de febrero, los vecinos de la toma Pichicautín iniciaron la reconstrucción y el levantamiento de sus viviendas, luego de que estas fueron destruidas y desalojadas por Fuerzas Especiales de Carabineros.

A esta iniciativa se sumaron distintos grupos sociales en apoyo a la comunidad. Los habitantes de las tomas utilizaron los materiales que quedaron de los escombros de los que eran sus nuevos hogares y que habían sido destruidos y recogidos por los camiones de la municipalidad.

Aunque las 51 familias mantienen su posición de ocupar el terreno, algunas de estas se han visto en la necesidad de alojarse con vecinos o familiares, ya que en el polémico desalojo perdieron todos sus ahorros. Algunas no habían culminado de pagar los materiales utilizados en la primera construcción.

El 27 de febrero, los dirigentes de distintas tomas acudieron hasta la Contraloría Regional de Temuco para solicitar un proceso de fiscalización y aclaración sobre la afectación y dominio del terreno tomado en el sector Pichicautín. Del mismo modo, se trasladaron hasta la municipalidad para exigir al alcalde Miguel Becker, asumir su responsabilidad e indemnizar por los daños y perjuicios causados por el uso desmedido de la fuerza.

Hasta ahora, distintas autoridades municipales y regionales han comentado sobre lo ocurrido, pero no se ha determinado ninguna responsabilidad u opción de resarcimiento.