En el operativo se incautó más de un kilo de clorhidrato de cocaína, 820 gramos de mezcla de lidocaína con cafeína y más de dos kilos de esta última sustancia en estado puro.
La Región08/12/2021
Catalina Sánchez Hidalgo
En la denominada “Operación Olimpo”, la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) Angol, incautó más de un kilo de clorhidrato de cocaína, y detuvo a dos ciudadanos venezolanos que eran parte de una banda dedicada al tráfico de estupefacientes y que comercializaba la droga en las regiones de La Araucanía y Los Lagos.
Mediante el uso de diversas técnicas investigativas, los detectives determinaron la estructura de una banda criminal, conformada por integrantes de nacionalidad venezolana, quienes abastecían de clorhidrato de cocaína y precursores químicos controlados (lidocaína y cafeína) utilizados para el aumento de la droga, los que eran adquiridos en Santiago, para luego trasladarlos hasta la ciudad de Puerto Montt, donde posteriormente eran abultados mediante procesos químicos, y finalmente distribuidos a microtraficantes de las regiones antes mencionadas.
Al respecto, el subprefecto Sergio Astorga, jefe de la Brianco Angol, explicó que, “para el traslado de las sustancias, los imputados ocultaban la droga al interior de botellas plásticas, y estas, a su vez, eran ocultadas al interior del estanque de bencina del vehículo en el que se trasladaban". Además, utilizaban un segundo automóvil, denominado como punta de lanza, con la finalidad de prestar seguridad en el traslado ante posibles controles policiales.
Incautación
Cabe señalar, que en el operativo se incautó más de un kilo de clorhidrato de cocaína, 820 gramos de mezcla de lidocaína con cafeína y más de dos kilos de esta última sustancia en estado puro. Asimismo, se incautaron dos vehículos, cuatro teléfonos celulares y 150 mil pesos en efectivo.
Por instrucción del fiscal de turno, los detenidos sin antecedentes policiales, fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Angol para el respectivo control de detención, donde tras la formalización de cargos, quedaron bajo la medida cautelar de prisión preventiva y se determinó un plazo de investigación de 90 días.
La decisión la adoptó la contralora general Dorothy Pérez, por motivos propios del servicio, pasando a desarrollar otras funciones dentro de la institución.
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