Cámara despacha a Ley la prohibición y regulación del uso de celulares en el colegio

Durante esta jornada, las diputadas y diputados despacharon también el proyecto Yo Cuido, Yo Estudio, que protege los derechos de las y los estudiantes cuidadores en la educación superior, asegurando la conciliación entre las actividades familiares, académicas y formativas.

La Cámara de Diputadas y Diputados despachó en tercer trámite el proyecto de ley que prohíbe y regula el uso de dispositivos móviles electrónicos de comunicación personal en los establecimientos educacionales.

El ministro Nicolás Cataldo destacó que “nos encontramos frente a la necesidad de comenzar una discusión que implica un cambio cultural a nivel nacional. Y esto tiene que ver con cuán adecuado es que los niños comiencen a hacer uso extensivo de la herramienta tecnológica del celular con acceso a Internet, sin las regulaciones que se requieren, generando con ello también conductas que muchas veces son asociadas a diagnóstico de neurodivergencias que podrían no serlo y generando también con ello incluso adicciones que son muy complejas, como el fenómeno que hemos visto más recientemente con las casas de apuestas online”.

Cataldo valoró que en este proyecto “hemos compartido una visión común, transversalmente de la izquierda a la derecha ” y puso énfasis en que la norma contempla “las necesarias adecuaciones y ajustes para que se siga permitiendo el adecuado uso pedagógico cuando se requiera. Esto tampoco se trata de suprimir cualquier tipo de interacción con estas herramientas”.

Uso de celulares

Entre sus disposiciones principales, el proyecto establece la prohibición del uso de dispositivos móviles electrónicos de comunicación personal para los establecimientos educacionales que imparten niveles de educación parvularia, básica y media. Su utilización se permitirá de manera gradual, conforme al desarrollo y autonomía progresiva de las y los estudiantes. 

La iniciativa contempla como excepciones situaciones vinculadas a necesidades educativas especiales, emergencias o catástrofes y condiciones de salud que requieran monitoreo médico. Junto con ello, se permitirá su uso para actividades pedagógicas o extracurriculares en los establecimientos educacionales que imparten educación básica o media, y cuando existan razones de seguridad personal o familiar, solicitadas fundadamente por el padre, madre o apoderado.  

La prohibición, como regla general, se aplicará a todos los integrantes de la comunidad educativa únicamente durante el desarrollo de actividades curriculares dentro de la sala de clases, salvo los casos expresamente contemplados por la norma. En tanto, en el nivel de educación media, se permite que se establezcan espacios, horarios o actividades específicas en los que el uso de dispositivos móviles estará autorizado, atendiendo al desarrollo y a la autonomía progresiva de los alumnos.

El ministro Cataldo relevó que “estamos habilitando a que los propios establecimientos educacionales formulen, a través de sus reglamentos internos, la forma en que se establecen los usos específicos, donde el rol del director y directora va a ser importante, donde también se regula para los trabajadores y trabajadoras de la educación”.

Al respecto, la autoridad llamó a que “los directores y directoras hagan un racional uso de la herramienta que se está disponiendo hoy día por ley, porque no queremos que esto genere conflictividad al interior de las comunidades educativas”.

Asimismo, la iniciativa establece que los ministerios de Educación y Secretaría General de Gobierno deberán impulsar campañas anuales para promover el uso responsable y gradual de los dispositivos móviles electrónicos, prevenir riesgos asociados al uso inadecuado y difundir medidas que resguarden los derechos de la niñez y adolescencia, en línea con la ley N° 21.430.

Proyecto Yo Cuido, Yo Estudio

Durante esta jornada, la Cámara también aprobó con una amplia mayoría el proyecto de ley Yo Cuido, Yo Estudio, que protege los derechos de las y los estudiantes cuidadores en la educación superior, promoviendo la corresponsabilidad y asegurando la conciliación entre las actividades familiares, académicas y formativas.

La iniciativa fue presentada por las diputadas Camila Rojas y Emilia Schneider y mandatará a las instituciones de educación superior a desarrollar políticas y acciones para garantizar y facilitar el ejercicio del derecho a la educación de estudiantes embarazadas, madres o padres que tienen el cuidado personal de un niño o niña de hasta 7 años, y de estudiantes que cuidan a una persona con discapacidad.

El ministro Cataldo sostuvo que esta norma posibilita que “las personas que están en tareas de cuidado, sea por embarazo u otras funciones de cuidado, puedan compatibilizar el desarrollo de su actividad académica con permisos especiales, para poder rendir exámenes en distintos momentos. También (otorga) la posibilidad de suspender las funciones académicas durante un período que requieran que eso suceda, entre otras medidas que hoy día no son posibles.”

Por su parte, el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, señaló que “las y los estudiantes que tienen a su cargo labores de cuidado también tienen derecho a la educación y este proyecto permite asegurarlo con medidas concretas. Necesitamos avanzar en corresponsabilidad social en los cuidados en todos los espacios y la educación superior no es la excepción. Las personas cuidadoras son principalmente mujeres y, aun cuando su participación en la educación superior ha aumentado significativamente durante las últimas décadas, esto no necesariamente ha ido de la mano con medidas que promuevan la igualdad de género en todas sus dimensiones. Este proyecto avanza en esa línea y afirma que la modernización de la educación superior debe desarrollarse con enfoque de género, inclusión y corresponsabilidad”. 

Esta ley permitirá a estudiantes postergar, justificar inasistencias o eximirse de actividades académicas y evaluaciones, para lo cual las casas de estudio deberán disponer mecanismos de recuperación. Además, deberán implementarse medidas de flexibilización académica, como la prioridad en inscripción e interrupción anticipada de asignaturas, menor porcentaje de asistencia, derecho a alimentar a niña o niño por dos horas, entre otras. Por último, las y los estudiantes cuidadores podrán mantener los beneficios estudiantiles en caso de tener que postergar o suspender sus estudios.