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Ana Llao, dirigenta histórica de Admapu y firmante del acuerdo de Imperial en 1989, manifestó su categórico rechazo a la propuesta anunciada por José Antonio Kast de modificar la Ley Indígena Nº 19.253 para permitir la transacción de tierras indígenas en el mercado.
Señaló que se trata de una iniciativa que "nace muerta", tal como ha ocurrido con otros intentos que han buscado modificar el corazón de la ley: la protección de las tierras indígenas y el Fondo de Tierras, instrumento fundamental para avanzar en la reparación de la deuda histórica del Estado con los pueblos indígenas.
Llao criticó además los planteamientos de Kast y de la Multigremial, afirmando que "no comprenden lo que la tierra y el territorio significan para el pueblo mapuche". Agregó que mientras algunos sectores ven la tierra como una mercancía, para el pueblo mapuche constituye la base de su identidad, cultura, espiritualidad y continuidad como pueblo.
La dirigente recordó que propuestas similares han sido impulsadas durante los gobiernos de Michelle Bachelet, Sebastián Piñera y Gabriel Boric, así como mediante distintas iniciativas parlamentarias, siendo rechazadas reiteradamente por las comunidades y organizaciones indígenas. En particular, señaló que durante el gobierno de Boric se impulsó una consulta indígena con el mismo objetivo, la que fue categóricamente rechazada en los encuentros territoriales realizados y, además, excluyó a miles de mapuche al limitarse a las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.
Asimismo, sostuvo que cualquier modificación a la Ley Indígena debe cumplir con los estándares de consulta y participación establecidos en la legislación nacional e internacional, incorporando a los 11 pueblos indígenas reconocidos por el Estado. "No corresponde impulsar cambios que afectan derechos colectivos sin garantizar una participación amplia, representativa y de buena fe", enfatizó.
Ana Llao llamó a las comunidades a organizarse en torno a la defensa de la ley indígena y reafirmó que las tierras no pueden quedar sujetas a las reglas del mercado, ya que constituyen la base material, cultural y espiritual de los pueblos originarios. En ese sentido, llamó a fortalecer los mecanismos de protección y restitución territorial, en lugar de promover reformas que debiliten los derechos indígenas conquistados durante décadas.
