A raíz del juicio de cuentas realizado a instrucción de la Contraloría General de la República y luego de sendas investigaciones, que nacen de denuncias del propio intendente de la época, Andrés Molina; las cuales derivaron en el informe final número 34 de 2013, donde se revisaron los gastos realizados por los consejeros regionales de La Araucanía entre los años 2012 y 2013, se condenó a los funcionarios que se indica, al pago de 193,3 Unidades Tributarias Mensuales, más de nueve millones de pesos al día de hoy.

Los reparos sancionados por la Contraloría fueron los siguientes:

Según el reparo número 1, se condenó a pagar a don Hugo Cortés y a doña Ida Riquelme la cantidad de $7.618.000, sobre los cuales deberán responder solidariamente por no objetar rendiciones de anticipos mediante declaraciones juradas de los Cores Henry Leal (actual seremi del MOP), Hilario Huirilef (core en ejercicio), Claudio Cárcamo (actual seremi del Trabajo subrogante), Gonzalo Llanos, Marcelo Poveda, Jorge Fernández y Manuel Aravena.

Según el reparo número 2, se condenó a pagar a don Miguel Mellado (ex Intendente subrogante y actual diputado), a doña Ida Riquelme y a doña Helga Riffo la cantidad de $373.000, sobre los cuales deberán responder solidariamente por suscribir la resolución que financió la asistencia de consejeros regionales, a la reunión de la Asociación Nacional de Consejeros realizada en Valparaiso, en enero de 2013.

Según el reparo número 3, se condenó a pagar a don Andrés Molina (ex Intendente y actual diputado), a doña Ida Riquelme y a don Hugo Cortés la cantidad de $1.400.000, sobre los cuales deberán responder solidariamente por firmar la resolución que financió la asistencia de consejeros regionales, a la reunión de la Asociación Nacional de Consejeros realizada en Arica, en abril de 2013.

Finalmente, el juzgado de cuentas rechazó el reparo número 2 y eximió de reintegro al señor Mellado y a las señoras Riquelme y Riffo en este ítem, por haber pagado los valores con antelación al término del juicio. 

"Yo me adelanté y pagué de mi bolsillo aunque esos recursos los gastaron los cores que viajaron a Valparaíso, pero yo, para no tener problemas y cubrir a las funcionarias que firmaron conmigo, me adelanté y pagué", dijo  el ahora diputado Miguel Mellado.

Mellado explico que toda autoridad está afecta a este riesgo, ya que al firmar se confía en las firmas que acompañan los oficios o resoluciones y que es un riesgo que se corre al ejercer la función pública.

Por su parte, el ex Intendente Andrés Molina y hoy diputado de Evópoli, señaló que aún no ha sido notificado de alguna resolución, pero que en el caso de que deba responder por haber firmado las resoluciones, lo hará. Al igual que Mellado, Andrés Molina explicó que en el servicio público a veces se debe responder por los actos de otras personas, no obstante que el actuar propio sea correcto.

"En este caso fui yo mismo quien hizo las denuncias y pedí a la Contraloría que investigara. Son dineros que otras personas utilizaron y cuya rendición la Contraloría rechazó, razón por la cual ahora los funcionarios que firmaron las resoluciones tendrán que responder", dijo el diputado Molina.