En Chile sí hay presos políticos mapuche

Es obvio que mis palabras son políticamente incorrectas y van a caer mal. Sin embargo, si a Chile le falta algo es Justicia. Justicia para el pobre, justicia para el inculto, Justicia para el común y corriente y Justicia para el mapuche. Por el contrario, aunque nos hagamos los tontos, el rico (sin un tono peyorativo), el poderoso y los acomodados siempre hallan Justicia y por lo general, para su lado. Así es Chile y si hay presos políticos, ¿porqué no decirlo?

En el ámbito internacional, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en su Resolución 1900 del 3 de octubre del año 2012, señaló que para que una persona privada de su libertad personal, deba de ser considerada como un “prisionero político”, han de darse los siguientes requisitos:

- Que la detención violó garantías fundamentales como la libertad de pensamiento, religión, conciencia, libertad de expresión o de reunión; 
- Que fue impuesta por motivos políticos sin conexión a otro delito tipificado;
- Si la duración de la detención o sus condiciones no son proporcionadas con respecto al delito que se le imputa; 
- Si es una detención discriminatoria en comparación con otros sujetos; 
- Si es resultado de procedimientos injustos y pudieran tener relación con motivos políticos de las autoridades.

Todos los anteriores, requisitos que no necesariamente deben darse de manera copulativa, sino que pueden ser por separado.

¿Existen presos políticos mapuche en Chile?, considerando la resolución del Parlamento Europeo, podría ser y no porque quienes están hoy en prisión preventiva, lo estén sin presuntamente haber cometido delitos conexos, ya que los atentados incendiarios, asesinatos, robos y extorsión, sí ocurren en La Araucanía y en general, en toda la Macrozona Sur. Muchos de los detenidos y condenados efectivamente han tenido participación en estos hechos, algunos incluso capturados en flagrancia. Tampoco porque estén presos por su forma de pensar, sus creencias o por reivindicar derechos de manera pacífica. 

Existen presos políticos mapuche, porque hay quienes están privados de libertad sin las pruebas necesarias, para que se aplique la medida cautelar más gravosa del sistema penal chileno. Incluso, como reconoció semanas atrás el Juzgado de Garantía de Los Ángeles, en el caso del hijo del vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Ernesto Llaitul, "se le ha aplicado la prisión preventiva solo con pruebas indiciarias de su participación en algún delito" (la Corte de Apelaciones de Concepción revirtió su rebaja de medida cautelar y sigue en prisión).

Asimismo, cuando uno ve la detención del propio Héctor Llaitul, es imposible no analizar algunos datos de contexto en esos días. Por ejemplo, el índice de desaprobación de Llaitul, medido por la encuesta Plaza Pública Cadem, donde pasaba de un 70% de mala apreciación, o el momento en el que el fiscal regional Roberto Garrido decide hacerlo: a dos semanas del Plebiscito donde el Gobierno iba perdiendo.

El último requisito del Parlamento Europeo señala que será preso político si su detención: "... es resultado de procedimientos injustos y pudieran tener relación con motivos políticos de las autoridades".

Y cuando uno analiza la privación de libertad del antiguo "werkén" de la Comunidad Tradicional de Temucuicui, Mijael Carbone, donde se le trasladó a su formalización con gran "pirotecnia" y en helicóptero a Loncoche (los presuntos delitos se cometieron en Ercilla), quedando en prisión preventiva por un hurto simple de madera (más una dudosa asociación ilícita), no cabe si no analizar los motivos políticos que podrían haber detrás.

¿Hay presos políticos en Chile? Sí los hay. Son todos aquellos que quedan en prisión preventiva -habiendo cometido delitos o no- debido a las presiones del Gobierno de turno, para satisfacer su agenda, las encuestas o su popularidad. En el caso de Carbone, la Corte de Apelaciones de Temuco corrigió el vergonzoso error, en muchos otros casos, no.

En el derecho penal la fórmula de Blackstone establece: "es mejor que diez personas culpables escapen a que un inocente sufra". Lo mismo aplicó en los juicios de Salem el reverendo Increase Mather cuando juzgaban mujeres para quemarlas vivas: "Es mejor que diez brujas sospechosas escapen, a que una persona inocente sea condenada".

No basta que el mapuche sea malo, que lo hayan pillado o que un juez -o fiscal- tenga la seguridad de que cometió el delito. Deben haber pruebas fehacientes que permitan tener la seguridad de que así fue y las medidas cautelares deben ser proporcionales. Si no, con la prisión preventiva se termina castigando, en lugar de asegurar un juicio justo. Más que un error judicial, eso es prisión política y el que está preso, bueno, un preso político.