Una dura crítica efectuó el Colegio de Periodistas de Chile a la sentencia judicial del Tribunal de Garantía de Concepción que condenó al director del medio de comunicación digital Resumen a una pena aflictiva (reclusión) por injurias y calumnias, en el marco de una investigación a funcionarios públicos en el reportaje "El Método Daroch", donde el director del medio digital abre una investigación sobre sobresueldos que detectó la Contraloría, donde estaba involucrado el ex vicepresidente nacional del PPD, Rodrigo Daroch, quien en la actualidad es funcionario del Gobierno Regional de Biobío y que durante 2021 habría mantenido trabajos en forma paralela en el DAEM de Los Ángeles a contrata por 44 horas, ganando desde marzo hasta agosto $1.317.316 mensuales y otro para la Municipalidad de Laja a honorarios -ganando $1.681.000 desde febrero del 2021 hasta junio del mismo año; no obstante el ente contralor decidió que no hay constancias de las funciones ejecutadas..

Si bien el fallo sustituye la pena de reclusión por la de remisión condicional con firma mensual por un año -por irreprochable conducta anterior- la Orden manifestó que dicha sentencia es un pésimo precedente para el ejercicio de la profesión por parte de periodistas y comunicadores en casos de investigación y fiscalización a funcionarios públicos y personas ejerciendo cargos de elección popular.

“La pena de 61 días de reclusión menor en su grado mínimo decretada contra el comunicador Felipe Soto -en este caso remitida por no contar con antecedentes penales-, por el delito de injurias y calumnias, es un profundo retroceso para la Libertad de Prensa y el Derecho a Informar en Chile", afirmó Rocío Alorda Zelada, presidenta del Colegio de Periodistas de Chile.

"Estos fallos van contra todos los estándares internacionales en defensa de la libertad de expresión, por lo tanto urge modificar el Código Penal para erradicar acciones limitantes y disuasivas en investigaciones en casos de interés público”, agregó.

Desde mayo del 2022 avanza en el parlamento un proyecto de ley que busca garantizar el libre ejercicio profesional y sin violencia a periodistas y trabajadoras/es de las comunicaciones, que apunta a fortalecer los marcos jurídicos nacionales y mecanismos de protección para otorgar salvaguardias reales y exigibles al ejercicio de la libertad de prensa y el pluralismo de los medios de comunicación, proyecto que fue elaborado a partir de la Ley Modelo de Protección a la Prensa de la Unesco y con los más altos estándares en materia de derechos humanos.

Entre los artículos e indicaciones del proyecto de ley presentado por la diputada y ex presidenta de la Orden Profesional, Nathalie Castillo, está retirar las penas corporales para casos que involucren acciones de injurias y calumnias en el ejercicio de las labores periodísticas. Para la parlamentaria este proyecto de ley “es un paso importante para  proteger la seguridad de las personas trabajadoras de las comunicaciones, así como en la defensa de la libertad de prensa con garantías establecidas desde el Estado, ya que hoy nuestro país no cuenta con un marco normativo que se ajuste a lo que demandan las normas internacionales”.

La libertad de expresión en Chile

Los informes de la Relatoría para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha señalado en diversas ocasiones su preocupación sobre que en Chile existan mecanismos penales para castigar el discurso sobre asuntos de interés público.

El informe especial del RELE sobre situación de la libertad de expresión en Chile, publicado en 2016, recomienda al Estado chileno “despenalizar la calumnia e injuria, y convertirlas en una acción de carácter civil, de conformidad con los estándares internacionales y mejores prácticas. Esto será especialmente relevante para proteger las expresiones críticas sobre funcionarios públicos, figuras públicas o, en general, asuntos de interés público. Asimismo, recomienda al Estado fortalecer las garantías legales para que las y los periodistas no sean sometidos a acoso judicial u otro tipo de hostigamiento jurídico como represalia por su trabajo, estableciendo estándares diferenciados para evaluar la responsabilidad civil ulterior, incluyendo el estándar de la real malicia y la estricta proporcionalidad y razonabilidad de las sanciones ulteriores”.

Cabe señalar que, apenas se dictó la condena por el Tribunal de Garantía, el Colegio de Periodistas de Chile se contactó con el director del medio y mantiene desplegado su equipo para acompañar este caso.

Desde AraucaniaDiario repudiamos todo ataque a la libertad de prensa y solidarizamos con el medio Resumen y su director Felipe Soto.