El sector Huincacara se encuentra a las faldas del Volcán Villarrica existiendo ricos yacimientos de áridos muy apetecidos por empresarios del sector inmobiliario, sin embargo su extracción trae como consecuencia la destrucción de bosques nativos y humedales del sector, generando una grave afectación ecosistémica de la cual posteriormente nadie se hace cargo, es más, una vez que estos yacimientos han agotado los recursos se transforman eventualmente en vertederos clandestinos como sucedió con la antigua escombrera pozo Becker emplazada a solo 300 metros de la captación de agua (APR) del sector PUTUE. 

El Concejal Raúl Landini Landini (PC) señaló que: luego de escuchar la angustia de los vecinos del sector de Huincacara por la pérdida de bosque nativo nos hemos visto en la obligación de acudir nuevamente a la justicia para obligar a la municipalidad a ejercer sus obligaciones en materia ambiental y fiscal en materia de rentas y patentes pues estas extracciones ilegales además de destruir el medioambiente, no pagan impuestos ni ingresos municipales produciendo un perjuicio millonario al patrimonio nacional que debe ser perseguido por la justicia.

El concejal señala además que la extracción ilegal de áridos es muy perjudicial para el medioambiente. Puede causar daños irreparables a la vida silvestre y la vegetación circundante, contaminar las fuentes de agua subterránea, afectar la calidad del aire y contribuir a la erosión del suelo, lo que fuera denunciado en sus redes sociales el día 06 de Diciembre del 2022.

Así mismo es importante recordar que La Municipalidad de Villarrica representada legalmente por el Alcalde Germán Vergara ya fue condenada en el recurso Rol N °Protección-9041-2021  por la Ilustrisima Corte de Apelaciones a realizar junto a la Superintendencia del Medio Ambiente una planificación conjunta y coordinada de las acciones que desarrollarán para evitar y controlar, dentro de sus competencias y de acuerdo a la ley y reglamentos vigentes, el fenómeno asociado a la extracción de áridos, lo cual a casi dos años del fallo sigue siendo una deuda con la justicia y la comunidad.