Salmoneras en áreas protegidas: Denuncian que la industria desafía las normas ambientales del país

En un contexto de larga discusión en el Congreso sobre la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) en Chile, sectores ligados a la industria salmonera y su bancada política impulsaron en el primer semestre de este año, una campaña en contra de una indicación que buscaba regular las futuras concesiones salmoneras en áreas protegidas, como Parques Nacionales. A pesar de la relevancia de esta medida, este sector se centró, según se ha denunciado, en la desinformación y la movilización de trabajadores de la industria, argumentando que afectaría al empleo, a pesar de que la indicación no tocaba las concesiones ya existentes en áreas salmoneras, según se señaló desde el ejecutivo, organismos especializados y comunidades defensoras de estos territorios.

Cabe consignar que, a pesar de la aprobación de la ley SBAP en junio y de la promulgación de un reciente oficio desde Medio Ambiente para su cumplimiento, la industria salmonera se opone a la regulación de sus concesiones en áreas protegidas, lo que preocupa a comunidades, expertos en derecho y estudios científicos. La importancia de proteger estas áreas prístinas del sur de Chile, fundamentales para la biodiversidad, el turismo y las comunidades costeras, se encuentra en el centro de esta controversia.

Esta controversia continúa y sigue polarizando, incluso ha sido parte de una fuerte polémica y amenazas por parte de la industria salmonera en el seno de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados y Diputadas, donde, este miércoles, fue invitada la Ministra Maisa Rojas a exponer los alcances del oficio y que fue relatado por defendamos Chiloé en Twitter / X en el siguiente post. https://twitter.com/DefendamsChiloe/status/1712171034172903447

La fuerte campaña de la industria salmonera a la regulación y su enfoque en el statu quo generan preocupación sobre el futuro de estos ecosistemas y la necesidad de una regulación efectiva en beneficio de la sostenibilidad y la conservación, como también, del sistema democrático y el Estado de Derecho del País.

De hecho, según cifras oficiales, a nivel nacional existen 1.400 concesiones para el cultivo de salmones vigentes, de las cuales 411 se ubican al interior de áreas que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), lo que equivale al 29% y no 60% de las concesiones totales como se desinformó hace algunos meses atrás desde los sectores político industriales.

Reacción desde organizaciones de Chiloé - Patagonia

Juan Carlos Viveros es uno de los voceros del movimiento “Defendamos Chiloé” y con respecto a este conflicto, señala:  “A nuestro, parecer la industria ha reaccionado de manera desmedida y equivocada . Lo que hay es un oficio que informa las nuevas reglas que se aprobaron en Sbap, donde parlamentarios que apoyan a la industria aprobaron el proyecto de ley, en sala y comisión mixta. No hay un reponer la discusión de prohibir concesiones en áreas protegidas, el documento no prohíbe, sino que regula nuevos ingresos”.

Agrega Viveros: “Hay que recordar que lo que provoca esta búsqueda de mayor regulación y fiscalización de parte del gobierno, no es una persecución ideológica, es una consecuencia de sus graves impactos permanentes y del operar fuera de normativa vigente”.

El dirigente, quien también es Ingeniero Comercial de profesión, con respecto al tipo de negocio que esta industria está impulsando en el país, comenta:  “El modelo de negocio de gran parte de la salmonicultura está obsoleto. No se puede seguir buscando crecimiento a toda costa, si eso conlleva un alto grado de contaminación, fiordos sin oxígeno, fondos marinos muertos, destrucción de áreas protegidas. Eso no es crecimiento ni mucho menos desarrollo”.

El representante de Defendamos Chiloé, finaliza en sus comentarios con un mensaje: “Hacemos un llamado a los propietarios de las empresas, al Gobierno, al Congreso, a abrir un diálogo y trabajo serio, que permita un reordenamiento total de la industria, dado el caso de más de 450 concesiones en causal de caducidad”.

Las aclaraciones de una experta en derecho ante polémica

La abogada y experta en derecho Verónica Delgado Schneider, salió recientemente al paso de la campaña generada por la industria salmonera y sectores políticos, desacreditando sus afirmaciones de la industria salmonera en el marco del oficio de Medio Ambiente, argumentando que la ley no limita el crecimiento de la industria salmonera de manera arbitraria, sino que establece regulaciones basadas en la protección de áreas protegidas y la biodiversidad. La especialista, enfatiza que la ley es resultado de un proceso legislativo y no un simple decreto administrativo.

"Estas afirmaciones son del todo irresponsables e inoportunas, pues si existe alguna limitación a estas actividades en áreas protegidas es por una LEY y además, estas limitaciones pueden levantarse y si se cumplen ciertas condiciones basadas en el principio preventivo", recalca Delgado Schneider, en una reciente publicación de una revista de especialidad en derecho.

La abogada se pregunta: "¿Para qué crear un área protegida y luego aceptar una actividad que la va a deteriorar?” y agrega: “Ahora, si la solicitud de concesión explica que la actividad es compatible con lo que se busca en el plan de manejo del área, y se informa por el estado que es compatible, sí podrá otorgarse".

También indica Verónica Delgado Schneider "La autoridad sólo está oficiando a varios servicios, para actuar coordinados. [...] la norma es una LEY, que está vigente. Y que rige para TODAS las concesiones productivas. No sólo las acuícolas".

Ciencia académica y la alerta sobre amenazas

La situación de ocupación e impactos de la industria salmonera en áreas protegidas, no solo es motivo de preocupación de organizaciones y comunidades de la Patagonia o de especialistas en derecho, como también de organizaciones que promueven la conservación, también, desde la ciencia académica han manifestado su alerta.

Un informe de la Universidad Austral de Valdivia, publicado a finales de 2022, reveló una preocupante ocupación de la porción marina de reservas y parques nacionales en la Patagonia chilena por parte de la industria salmonicultora. Según el estudio realizado por el Programa Austral Patagonia, a agosto de 2021, se contabilizaron un total de 545 concesiones de acuicultura en Áreas Silvestres Protegidas del Estado, de las cuales 411 ya habían sido otorgadas y 134 estaban en trámite, la mayoría dedicadas al cultivo de salmones.

Las reservas nacionales Las Guaitecas y Kawésqar en las regiones de Aysén y Magallanes presentaron la mayor presión de la actividad acuícola, con el 45% de las concesiones en Aysén y el 68% en Magallanes ubicadas en áreas protegidas. El informe subraya la necesidad de tomar medidas concretas para mitigar los impactos ambientales y conservar estos ecosistemas únicos en la región.

El estudio también reveló inconsistencias en la interpretación y aplicación de la normativa por parte de los organismos competentes en los últimos años (Subpesca y SEA), lo que a su juicio, ha permitido la existencia de numerosas concesiones acuícolas dentro de parques nacionales, a pesar de la prohibición explícita. Los científicos enfatizan la necesidad de políticas públicas integrales para la conservación, reconociendo que la salmonicultura no es compatible con los objetivos de protección de los ecosistemas en estas áreas protegidas.

“La potencial contribución de las unidades del SNASPE a la conservación marina de la Patagonia chilena se ve amenazada por la presencia y expansión de la actividad acuícola extensiva de salmónidos, especialmente dentro de las reservas nacionales. Mejorar este escenario requiere de una adecuada aplicación de la normativa actual que regula las actividades acuícolas, en el sentido de evaluar la compatibilidad de esta actividad con los objetivos de conservación en reservas nacionales y forestales que ya posean un plan de manejo, través de rigurosos EIA”, sostuvo al respecto Aldo Farias, uno de los autores del informe y coordinador ejecutivo del Programa Austral Patagonia”, previo a lo que fue la aprobación de la Ley SBAP.

Los impactos negativos de la salmonicultura incluyen la contaminación y destrucción del suelo marino, escapes de salmones a la fauna marina, eutroficación de las aguas y vertidos tóxicos. La investigación científica contribuye a una creciente evidencia sobre los efectos perjudiciales de esta actividad en el medio ambiente.