El campo chileno, la Agricultura Familiar Campesina (en adelante, AFC) y la agricultura como práctica ancestral de nuestros pueblos originarios, están denunciando una realidad alarmante: un marco regulatorio general que, en la práctica, permite que variedades de semillas ancestrales y no intervenidas, puedan ser reclamadas como “descubiertas” por una persona, organización o entidad privada, quien la(s) registre como una suerte de propiedad intelectual. Esto termina restringiendo por lo tanto su uso a quienes, por derecho tradicional o costumbre extendida en el tiempo, han cultivado y reproducido estos recursos fitogenéticos ancestrales a lo largo de los siglos.

Este senador se interiorizó de dicha realidad en una visita, en La Araucanía, a la Fundación Biodiversidad Alimentaria, que desarrolla una destacable labor de acopio, conservación y difusión de semillas vernáculas para la AFC. Con el paso de los años, ellos han formado un verdadero banco de semillas tradicionales, que comparten ampliamente con la comunidad. Esta Fundación es uno de los actores más destacados, a nivel nacional, que está levantando las banderas para poner de manifiesto el avance de una posible privatización de las semillas.

Pero, ¿cuál es la controversia respecto de una potencial privatización? Son distintos los puntos sensibles a considerar. Uno de ellos es que el simple patentado de semillas –según norma la Ley de Obtentores N° 19.342 de 1994– termine por privar a comunidades completas, del mundo indígena o no, del cultivo de algunas, o varias semillas que han podido utilizar durante décadas o siglos.

Pero el problema no se queda en eso. Como una concatenación de perjuicios, la limitación en el acceso a la semilla vernácula puede tener como consecuencia en el corto, mediano o largo plazo –depende de cuán rápido avance la problemática– el no dejar a las comunidades más alternativa que comprar semillas existentes en el mercado, ganándose los agricultores un problema que antes no tenían: tener que pagar por semillas, lo que podrían evitar al acopiar en cada cosecha sus semillas tradicionales.

El obligar a la AFC a tener que comprar semillas como productos del mercado, tiene como primer perjuicio directo el coste económico, para agricultores que no consideraban hasta el momento un gasto de dicha magnitud; y que además, en muchos casos viven en condiciones de apuro económico, e incluso de pobreza.

Este es un primer punto que afecta, de manera económica, la seguridad alimentaria: fomentaría un modelo agrícola que mercantiliza al campo y empobrece al agricultor, al no permitirle utilizar sus semillas, obligarlo a comprar nuevas, y tener que prodigarles a éstas todos los mecanismos de tecnificación en riego o fertilización que estas variedades de semillas requieren para que produzcan.

Además, esto incluye variados perjuicios en términos de una producción más contaminante, con uso de agroquímicos, herbicidas y pesticidas. La agricultura resultante de estos procesos sería más cara, más contaminante y de mayor demanda energética.

Un nuevo modelo agrícola basado en estos principios podría desplazar, entonces, todo un entramado social y ancestral en torno al agro, que en el caso de La Araucanía incluye al mundo campesino y al mundo mapuche.

¿Cuál es la situación legal?

Las organizaciones relacionadas a la Agricultura Familiar Campesina, y en particular también la Fundación Biodiversidad Alimentaria, señalan que múltiples informes organizados por entidades como INIA, Odepa e incluso el DS número 188 del año 1978, reconocen la existencia de las semillas tradicionales. Esto, sin embargo, se contrapone a la Ley de Obtentores de 1994, que permite el “descubrimiento y registro” de cualquier semilla, lo cual deja en la práctica en una situación de desprotección a la semilla vernácula.

La situación de la semilla vernácula es de desmedro, entonces, frente al fomento del uso de la semilla híbrida e incluso transgénica, semillas que cuentan con subsidios tanto para su investigación y desarrollo, como para su adquisición por parte de los pequeños agricultores. La semilla tradicional, en cambio, además de estar desprotegida, no es fomentada ni subsidiada en forma alguna.

Una posible solución

Frente a esta preocupante realidad, este senador recoge, y apoyará en términos legislativos, dos principales anhelos de quienes buscan proteger las semillas ancestrales de nuestro país, y que son abordables mediante la creación de un marco regulatorio de protección para ellas que sea efectivo.

Lo primero es la creación de un registro de semillas tradicionales, pero no como un sistema de propiedad intelectual que indique posesión por parte de alguien o de unos pocos; sino como un listado de acceso público, colectivo y libre de procesos privatizadores –como sería el establecimiento de derechos de obtentor o patentes, algo que ha ocurrido en la actualidad con algunas variedades de especies tan disímiles como el maqui, el quillay o la quínoa, las tres muy relevantes para alguno(s) de nuestros pueblos originarios–.

Y por último, implementar el que se permita de manera libre el intercambio de semillas tradicionales, reconociéndolo como una práctica ancestral de los pueblos, originarios o no. Permitir este intercambio es fundamental para la reproducción y pervivencia en el tiempo, de variedades de semillas tradicionales que a futuro serán esenciales para la seguridad alimentaria de los pueblos.

Dicen que el mercado se regula solo, pero tenemos en frente un ejemplo más de que ello, en la práctica, no ocurre de esa forma. En este caso, la acción reguladora y responsable del Estado es lo que permitirá que las semillas vernáculas y tradicionales sigan existiendo en el tiempo, y que los derechos ancestrales de su utilización e intercambio sigan perteneciendo a las personas.