Juventud Socialista acusa al Partido Republicano de sabotear acuerdo por La Araucanía

El Estado de Chile ha sostenido una deuda histórica con la región de La Araucanía y, particularmente, con el pueblo mapuche. Desde el despojo violento de tierras durante la mal llamada "Pacificación de la Araucanía", hasta las masacres, represión y políticas de asimilación cultural, el Estado ha sido protagonista de una historia de injusticias que aún hoy siguen generando dolor y fractura social.

Durante la dictadura militar, esta violencia se profundizó con nuevas expropiaciones y una política de tierra arrasada que impactó no sólo a las comunidades indígenas, sino también a sectores rurales empobrecidos, consolidando un modelo de concentración de tierras y exclusión social que perdura hasta nuestros días.

En este contexto, valoramos el esfuerzo de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, impulsada por el gobierno del Presidente Gabriel Boric, como un intento serio de avanzar hacia la reparación y la justicia. Su mandato, orientado a generar consensos entre comunidades mapuche, organizaciones productivas, representantes del agro y sectores históricamente enfrentados, representa un hito necesario en la búsqueda de una paz duradera con raíces en la verdad y el reconocimiento.

De los ocho comisionados, siete respaldaron las propuestas finales del acuerdo. El único voto en contra fue el del señor Sebastián Naveillán, cuya participación en la Comisión estuvo marcada por la inconsistencia, el obstruccionismo y una evidente falta de compromiso con el bien común. Su rechazo a propuestas que él mismo promovió y su actitud obstruccionista reflejan una total incapacidad política, una falta de ética pública y una desconexión dolorosa con las urgencias de la región.

Más grave aún es el rol jugado por el Partido Republicano, que presionó de forma intolerable a sus representantes en la Comisión, provocando incluso la renuncia de la senadora Carmen Gloria Aravena, quien denunció públicamente las imposiciones partidarias. Este comportamiento no solo demuestra la mezquindad ideológica de un sector que se opone a cualquier forma de diálogo o reconocimiento, sino también un profundo desprecio por las y los trabajadores, campesinos y comunidades indígenas de nuestra región.

Frente a esto, como Juventud Socialista de La Araucanía, respaldamos firmemente el acuerdo alcanzado por la Comisión y llamamos al gobierno a implementar sus recomendaciones con decisión y altura de miras. La paz no se decreta: se construye con verdad, justicia y reparación.

Solo así podremos avanzar hacia una región donde la dignidad, la cohesión social y el respeto mutuo dejen de ser promesas incumplidas.