Diputado Tomás Kast pide urgencia para proyecto que hace responder a organizadores por destrozos en marchas
El diputado Tomás Kast (Evópoli) solicitó formalmente a través de un oficio al ministro de Seguridad, Martín Arrau, acelerar la tramitación del proyecto de ley que modifica el Código Penal para establecer un régimen de responsabilidad legal para organizadores, convocantes y promotores de manifestaciones públicas. La iniciativa toma relevancia tras conocerse la creación de "Frente Común", una nueva alianza entre la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) que busca coordinar un "proceso de agitación" y salir a las calles a protestar contra las reformas del Gobierno.
La propuesta legal busca responsabilidad ante los daños materiales que se producen en el contexto de movilizaciones y fortalecer la protección de las víctimas afectadas por actos vandálicos. De acuerdo con el parlamentario, la aparición de este nuevo bloque, que planea sumar al Colegio de Profesores y a estudiantes secundarios, hace indispensable fijar reglas claras de prevención para evitar que las ciudades sufran nuevamente las consecuencias de la violencia.
Al respecto, el legislador de Evópoli señaló que “en Chile hemos normalizado durante demasiado tiempo que existan manifestaciones que terminan con locales saqueados, mobiliario público destruido y pequeños comerciantes pagando los costos de la violencia. Ante los anuncios de este Frente Común de iniciar un proceso de agitación en las calles, esto tiene que cambiar con urgencia. Este proyecto busca establecer responsabilidades concretas para quienes organizan, convocan o promueven actividades públicas que terminan generando daños a terceros”.
Entre sus principales disposiciones, el proyecto incorpora una nueva figura penal para los daños causados a bienes públicos o privados en el contexto de manifestaciones, estableciendo penas que pueden llegar hasta cinco años de cárcel y multas que varían según la magnitud de los perjuicios ocasionados. Además, considera presunciones legales respecto de quienes convocan actividades a través de plataformas digitales, redes sociales o servicios de mensajería masiva.