Nos ordenaron la casa desde afuera
Estados Unidos aplicó a Chile un arancel de doce coma cinco por ciento. El Gobierno impugnó su fundamento, y hace bien: la determinación no sostiene que Chile exporte bienes producidos con trabajo forzoso, sino que no prohíbe importarlos de terceros países. Discutir eso corresponde. Pero conviene mirar el principio que hay detrás, porque es el mismo que esta asociación gremial viene pidiendo hace veinte años.
El principio es simple. Si un producto entra a un país con una ventaja que no ganó compitiendo —porque se produjo bajo condiciones laborales que allá no se fiscalizan, porque lo subsidió un Estado, porque no rige la norma ambiental que aquí sí rige—, corresponde un arancel compensatorio. Eso no es proteccionismo. Es exactamente lo contrario: es defender el libre mercado, porque sin cancha pareja no hay competencia, hay captura.
Chile tiene esa herramienta desde 1986. Se llama Comisión Nacional de Distorsiones de Precios, está en la Ley 18.525 y puede actuar de oficio. Casi no se usa. Miremos entonces el tamaño de lo que dejamos entrar mientras la herramienta juntaba polvo.
Chile importó el año pasado 10,531 millones de dólares en alimentos. No hablo solo de granos a granel: hablo de todo lo que se come en este país, elaborado y sin elaborar, para consumo humano y animal. De esa cifra, 8,946 millones —el 85%— corresponde a bienes que Chile puede producir o elaborar. Lo que es imposible traer de otra parte, el café, el cacao, el plátano, la piña, suma 1,585 millones. El quince por ciento.
Eso no salió gratis. La superficie de cultivos anuales pasó de 1,205,188 hectáreas en 1980 a 507,166 el año pasado: setecientas mil hectáreas dejaron de sembrarse. El trigo cayó setenta por ciento. La masa bovina bajó de más de cuatro millones de cabezas en su mejor momento a menos de tres millones.
En carne bovina la dependencia es la más elocuente. Dos de cada tres kilos que se consumen en Chile vienen de afuera, y el 84,5% de esa carne llega de Brasil y Paraguay. La balanza dejó un saldo negativo de 1,568 millones de dólares el año pasado.
Acá conviene desarmar el argumento cómodo, el que dice que Chile simplemente no puede competir en carne. Lo desmiente el propio país. Chile exportó el año pasado 567 millones de dólares en carne de cerdo y 435 millones en carne de ave. En carne bovina fresca exportó 7,4 millones. Las mismas instituciones, la misma distancia a los mercados, el mismo tipo de cambio. La diferencia no es climática, es de modelo. El cerdo y el ave son producción bajo techo, concentrada en pocos actores, que importa su alimento: el país compra 653 millones de dólares en maíz y 407 millones en torta de soya al año para sostenerlas.
La ganadería bovina es la que usa las praderas del sur y a los productores pequeños. Es la única que no se desarrolló. Lo que se perdió ahí no fue solo producción. Nueva Zelanda, que trabaja el mismo modelo pastoril en clima templado, mide lo que su sector de carnes rojas genera: 120,580 empleos equivalentes a tiempo completo —48,250 directos y 72,330 indirectos—, uno de cada veinte del país. Esos empleos existen. Lo que ocurre es que hoy están en Brasil y en Paraguay.
Hay un detalle que duele más. Durante más de cuarenta años Chile fue el primer país del continente libre de fiebre aftosa sin vacunación, la misma llave sanitaria con que Nueva Zelanda vende carne premium en los mercados más exigentes del mundo. Tuvimos la llave y tuvimos la base pastoril para usarla. No construimos la industria.
En mayo de 2025 la Organización Mundial de Sanidad Animal otorgó ese mismo estatus a cuatro estados brasileños que concentran cerca del 80% de la producción de ese país. La ventaja se extinguió sin haberse aprovechado.
No pedimos cerrar la economía. No pedimos subsidios. Pedimos nivelar la cancha, y lo pedimos por dos razones, no por una. La primera es proteger lo que producimos. La segunda, que hoy se ve con claridad, es cuidar nuestro comercio internacional y a los socios que nos acompañan hace toda una vida: mirar para el lado ya nos costó un arancel de uno de ellos.
Y partamos por la Ley del Grano. Cada temporada que pasa sin ella deja menos productores a quienes pueda servir. Esta vez nos ordenaron la casa desde afuera; ojalá no haya una próxima. Porque la comida importada, las setecientas mil hectáreas que dejamos de sembrar y el empleo que se fue de los pueblos los pagamos todos los chilenos.
Por Camilo Guzmán, presidente de Agricultores Unidos