
Guardia que denunció violación en Collipulli pierde demanda laboral
Especial importancia tuvo la presentación de testigos que fueron calificados como "no imparciales" por el Tribunal, mientras la causa penal se mantiene suspendida.
Buscan visibilizar sus demandas como comunidades que superarían las siete mil hectáreas en distintos predios, pertenecientes a distintas personas, siendo una de ellas la Forestal Mininco.
La Región11/05/2022
Fue este lunes por la tarde que representantes de 12 comunidades pertenecientes a Lumaco, Traiguén y Victoria llegaron hasta las instalaciones de la Delegación Presidencial de La Araucanía, justo en medio de la visita de la Ministra de Desarrollo Social y Familia, para reunirse con ella y conversar sobre la "recuperación de tierras".
Son comunidades que hace más de una semana se encuentran en "recuperación territorial", por lo que el pasado 3 de mayo, cortaron la ruta a Traiguén, exigiendo la presencia de la autoridad de gobierno y del delegado presidencial, conversando en esa instancia, con el de Malleco, Leandro Reyes, quien en su momento, señaló que se busca "hacer un catastro de las demandas para proceder a futuras reuniones".
Una manifestación que duró cerca de 3 horas, en donde se quemaron neumáticos y cortaron árboles, por lo que el tránsito estuvo cortado, dirigido por Carabineros a una distancia cercana a los 500 metros del lugar del hecho, a la altura del cruce de Quichamahuida, que conecta con Quino y permite el acceso a Traiguén.
Buscaban visibilizar sus demandas como comunidades, que superarían, las siete mil hectáreas en distintos predios, pertenecientes a distintas personas, siendo algunas de ellas, la Forestal Mininco, por lo que en la instancia se leyó un petitorio de sus demandas. Exigían la presencia de la Ministra que llegó este lunes a Temuco.
De esa forma, y tras una manifestación pacífica a las afueras de la Delegación Presidencial en el centro de Temuco, un grupo importante de voceros de las 12 comunidades se lograron reunir con la Ministra Jeanette Vega y también con el Delegado Raúl Allard.
Tras el encuentro se dio lectura a un comunicado público, en donde, las comunidades agrupadas en la identidad territorial Nagche, señalaron entre varios puntos, que se entregó un petitorio formal a la Ministra de Desarrollo Social, exponiendo en detalle los predios en reivindicación de tierras en las comunas de Lumaco, Traiguén y Victoria.
Además, dejaron de manifiesto que a su parecer, las instituciones de parte del Estado, como la Conadi, "no les satisfacen los instrumentos que ofrecen ya que acusan, han sido burocráticos y pocos eficientes par resolver este problema histórico de demandas de tierras".
Incluso señalaron que si el gobierno no está dispuesto a traspasar los recursos para las compras de los predios a un corto plazo, exigen que se promueva "un proyecto de ley de expropiación de los predios que hoy, están en conflicto y las tierras que son propiedad de empresas forestales".
Finalmente, confirmaron que "dada esta situación" no depondrán esta movilización y no dejarán de ejercer el control territorial en su Lofche, hasta que exista una solución concreta y verdadera. Por el momento, el delegado no se ha referido a este encuentro, misma situación con la Ministra, pero las comunidades valoraron la "disposición".
Esta manifestación se produjo a solo horas, de que la autoridad presentara oficialmente al nuevo director nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, un hombre mapuche y del hogar indígena Pelontuwe, Luis Alberto Penchuleo, quien además, fue el ex encargado en la región de La Araucanía de la subdirección Nacional de Pueblos Originarios.

Especial importancia tuvo la presentación de testigos que fueron calificados como "no imparciales" por el Tribunal, mientras la causa penal se mantiene suspendida.

Jorge Montes Coronado habría ocultado que mantenía procesos administrativos pendientes de resolución. Además, mantiene una relación de pareja con una funcionaria del Hospital de Angol.

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La Municipalidad de la capital regional obtuvo un comodato por 5 años e invertirá en reparaciones, inicialmente, 450 millones de pesos.

Jorge Montes Coronado habría ocultado que mantenía procesos administrativos pendientes de resolución. Además, mantiene una relación de pareja con una funcionaria del Hospital de Angol.

Especial importancia tuvo la presentación de testigos que fueron calificados como "no imparciales" por el Tribunal, mientras la causa penal se mantiene suspendida.