Andrea González Lillo
Recientemente, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ha comunicado que estarán fiscalizando a los recintos del rubro del retail y supermercados, tras múltiples reclamos y alertas de consumidores quienes señalan que estas entidades exigen mostrar las boletas para acreditar sus compras al salir de los lugares.
El foco de la gestión del Sernac recae en conocer las razones de estas empresas para adoptar este tipo de medidas, la cuales potencialmente podrían vulnerar derechos de los consumidores si no existieran razones objetivas que justifiquen la práctica.
La fiscalización incluiría el envío de oficios en donde se exigirá una serie de antecedentes, también, se realizarán visitas para observar en terreno si se producen vulneraciones a los derechos de los consumidores. En caso de detectar infracciones a la Ley del Consumidor, el Sernac tomará las medidas que correspondan.
Diversos antecedentes recopilados por el Servicio Nacional del Consumidor indican que estas prácticas se han extendido durante el último tiempo. En ciertas empresas, la exigencia de boletas abarca a la totalidad de consumidores, mientras que en otras se hace de manera aleatoria.
Jean Pierre Couchot, Subdirector del Sernac, indicó que mediante esta fiscalización se analizará el alcance de estas medidas y si existen evidencias que las justifiquen. Pierre enfatizó en que esta exigencia podría generar estrés y dar pie a malos tratos o discriminaciones arbitrarias.
”Las empresas tienen derecho a tomar medidas de seguridad, pero siempre respetando la dignidad y derechos de las personas”, comentó Pierre.
El subdirector explicó que en el caso de guardias o personal de vigilancia, al sorprender a una persona delinquiendo, solo se ven facultados para poner al sujeto/a a disposición de las autoridades competentes. Estos funcionarios no pueden discriminar, burlarse, golpear, ni detener a la persona.
Los consumidores tiene derecho a pedir indemnizaciones en caso de verse afectados/as sus derechos por molestias, humillación o el dolor causado por la situación injusta. Aquellos acusados por hechos ilícitos deben exigir la presencia de la autoridad para que de inicio al procedimiento que determine si existió delito o no.
En el caso de maltrato, discriminación o acusación falsa de robo, las empresas arriesgan multas de hasta 300 UTM, además de las compensaciones que el tribunal determine en favor al afectado.
La relación entre los proveedores de bienes y servicios y los consumidores está regulada por la Ley N° 19.469 de protección de los derechos de los consumidores. En el cuerpo legal se indica derechos y obligaciones para consumidores y empresas, teniendo como temas principales:
