
La Libertad de Prensa está en riesgo en La Araucanía
Equipo AraucaniaDiario
La libertad de prensa es el derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas a través de medios de comunicación, sin censura previa ni interferencias indebidas del Estado o de otros actores.
Está vinculada al artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y es promovida por organismos como la Unesco, mediante instrumentos como la Declaración de Windhoek y por entidades privadas como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), de la cual AraucaniaDiario es miembro y su editor, Ricardo Barría Dillems, miembro de la Junta Directiva, con su Declaración de Chapultepec.
En Chile, la Ley 19.733 regula las libertades de opinión e información y el ejercicio del periodismo, estableciendo la libertad de informar sin censura previa y el derecho a fundar y operar medios conforme a la ley.
¿Qué es la censura previa?
La censura previa es la facultad o medida —generalmente del Estado o una autoridad— para revisar, aprobar, bloquear o prohibir una expresión, noticia, obra o información antes de que se publique o difunda.
El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe la censura previa, contemplando solo excepciones acotadas como la regulación de espectáculos públicos para proteger a niños y adolescentes. En nuestro país, tiene especial trato la difusión de materias relativas a violencia intrafamiliar (VIF) o sobre menores de edad, en especial ante casos de violación o abuso sexual.
Censura previa en La Araucanía
Hace algunas semanas, principalmente en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, se ha estado ejerciendo una peculiar forma de censura previa, toda vez que en causas que no tienen prohibición legal de informar —la cual rechazamos salvo en el caso de menores de edad— desde la fiscalía no informan los nombres de los imputados o en la Corte de Apelaciones, no hay forma de encontrar información, de la mano con la decisión de jueces de garantía, de prohibir informar.
Ejemplos hay varios y los vamos a nombrar, sólo con el ánimo de demostrar que ocurre, pero además, de señalar que es urgente su análisis y corrección. La Democracia de nuestro país y la imagen de estas instituciones depende de aquello.
1) Nómina de todos los condenados de la "Operación Imperio". Hace semanas que varias personas fueron condenadas en juicios abreviados, en el marco de la Operación Imperio, donde se imputó por lavado de activos, estafa y otros delitos relacionados. Pese a solicitarse los nombres de los condenados, hasta el momento la fiscalía regional de La Araucanía, no los entrega.
2) Nombre de los imputados por el homicidio ocurrido en Cunco la noche de Halloween, donde tres sujetos fueron detenidos por la muerte, a balazos, de un tercero. Aún no se informan los nombres, ni de los imputados, ni del hombre asesinado a balazos.
3) Nombre del violador de Temucuicui. Esta semana fue detenido un hombre de 40 años en la comunidad de Temucuicui, en la comuna de Ercilla, por la presunta violación de una adulta mayor de 79 años. Aún no se entrega su identidad.
4) Detective detenido en Pitrufquén por vender, presuntamente, información a un tercero sobre causas y procedimientos policiales. Quedó en prisión preventiva, pero aún se desconoce su nombre y el de los demás implicados.
En el Poder Judicial
5) Prohibición de informar en el homicidio de Mateo Mella, donde la jueza de garantía de Toltén resolvió de oficio la reserva de los datos vertidos en audiencia, en una flagrante violación a la Libertad de Prensa y de Informar, prohibiendo de hecho que se publicara el nombre de Jesús , presunto asesino de Mateo Mella, de 15 años, a quien le disparó en la cabeza tras el atropello de un perro.
6) El 30 de septiembre consultamos sobre la destitución de una jueza de Lautaro, por mal uso de licencias médicas. Hasta la fecha no se nos ha respondido o confirmado que Milena Anselmo Cartes, fue —o no— destituida por la Corte Suprema. Sin embargo, sobre el juez de Carahue Carlos Jeria Montoya, sí se informó su destitución por haber viajado a Brasil mientras debía guardar reposo médico.
Y así, a medida que pasa el año, el Poder Judicial o la fiscalía "eligen a dedo" sobre quién se informa y sobre quién no, a quién se le tapa y a quien no.
Ley pareja no es dura
Por lo mismo, lo que se debe aplicar aquí es el dicho "ley pareja no es dura" y decidir si de todos los imputados se va a informar su nombre, o si de ninguno, pero no puede quedar al arbitrio de la fiscalía o el Poder Judicial.
Ah, pero se me iba un ejemplo, que acaba de ocurrir hace casi una semana atrás.
7) El viernes pasado la fiscalía nacional emitió un comunicado donde se informaba que un fiscal adjunto, estaba siendo investigado por abuso sexual. Se confirmó además que se había instruido un sumario administrativo en su contra y que había sido separado de sus funciones, sin que se confirmara su nombre o identidad. "Para cuidar el debido proceso", se dijo en el comunicado y nunca más se volvieron a referir a lo sucedido.
No se confirmó su nombre, el que nuestro medio obtuvo de funcionarios de la propia fiscalía regional de La Araucanía y de la Universidad Católica, junto a colegas que ayudaron a triangular y confirmar. Así, el sábado confirmamos que de trataba del fiscal Miguel Ángel Velásquez, dato de interés periodístico y de la población en general.
Amistad o interés político
El problema es que cuando se dan estas licencias o se les permite —dentro de su autonomía— hacer o no hacer, informar o no informar, lo que se daña es la fé pública que estos mismos organismos dicen proteger.
Así, pasaba el año pasado, después de la elección de gobernador regional, que un enfadado fiscal regional Roberto Garrido, de conocida tendencia de izquierda, mandaba a su vocera a anunciar —incluso con video y redes sociales— que el alcalde de Temuco Roberto Neira, también de izquierda, pero que no había querido apoyar al candidato de ese sector, estaba acusado de violación.
Gracias al trabajo de su defensa y también de AraucaniaDiario, que publicó que los hechos que la fiscalía había catalogado como violación, eran en realidad acciones de la denunciante hacia él, se logró acreditar fehacientemente que Neira era inocente, pero de igual manera Garrido el gustito se dio, en mi opinión, para castigar al alcalde de Temuco por apoyar a Luciano Rivas y no al candidato de su predilección.
Así, en el caso de Neira se anunció con bombos y platillos de lo que se le había denunciado. Sin embargo, en el caso del fiscal Velasquez, quien es inocente hasta que se compruebe lo contrario, ni el nombre se dijo. Mucho menos un video de la fiscal Marabolí para las redes sociales.
Libertad de Prensa está en riesgo
Lamentablemente, esta "facultad" de la que se han envestido fiscales y miembros del Poder Judicial, lo único que hace es desprestigiar a sus instituciones frente a la opinión de la gente, debilitar nuestra Democracia y por supuesto, poner en riesgo la Libertad de Prensa y de Informar.
Es de esperar que nuestras autoridades tomen conciencia y decidan de una vez si se prohibe informar todo o si en su lugar, por parejo, se da libre acceso a la información judicial, habida consideración pro supuesto de cuando se trate de un menor de edad o de casos que involucren crímenes dentro de una misma familia, donde las víctimas se puedan revictimizar.
Bueno y la guinda de la torta: cuando los imputados son peñis o en causas de reivindicación de derechos indígenas, por supuesto que el nombre va y con los dos, nombres y apellidos.
Ricardo Barría Dillems, ingeniero comercial, magíster en comunicación, editor AraucaniaDiario y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) 2026-2029.


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