La Libertad de Prensa está en riesgo en La Araucanía

El editor de AraucaniaDiario Ricardo Barría entrega ejemplos de cómo la fiscalía y el Poder Judicial oculta nombres o censura de forma previa, en casos de connotación social.
Opinión18/11/2026Equipo AraucaniaDiarioEquipo AraucaniaDiario
Ricardo Barria-Dillems
Ricardo Barria-Dillems

La libertad de prensa es el derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas a través de medios de comunicación, sin censura previa ni interferencias indebidas del Estado o de otros actores.

Está vinculada al artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y es promovida por organismos como la Unesco, mediante instrumentos como la Declaración de Windhoek y por entidades privadas como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), de la cual AraucaniaDiario es miembro y su editor, Ricardo Barría Dillems, miembro de la Junta Directiva, con su Declaración de Chapultepec.

En Chile, la Ley 19.733 regula las libertades de opinión e información y el ejercicio del periodismo, estableciendo la libertad de informar sin censura previa y el derecho a fundar y operar medios conforme a la ley.

¿Qué es la censura previa?

La censura previa es la facultad o medida —generalmente del Estado o una autoridad— para revisar, aprobar, bloquear o prohibir una expresión, noticia, obra o información antes de que se publique o difunda.

El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe la censura previa, contemplando solo excepciones acotadas como la regulación de espectáculos públicos para proteger a niños y adolescentes. En nuestro país, tiene especial trato la difusión de materias relativas a violencia intrafamiliar (VIF) o sobre menores de edad, en especial ante casos de violación o abuso sexual.

Censura previa en La Araucanía

Hace algunos meses, principalmente en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, se ha estado ejerciendo una peculiar forma de censura previa, toda vez que en causas que no tienen prohibición legal de informar —la cual rechazamos salvo en el caso de menores de edad— desde la fiscalía no informan los nombres de los imputados o en la Corte de Apelaciones, no hay forma de encontrar información, de la mano con la decisión de jueces de garantía, de prohibir informar.

Ejemplos hay varios y los vamos a nombrar, sólo con el ánimo de demostrar que está ocurriendo, pero además, para señalar que es urgente su análisis y corrección. La Democracia de nuestro país y la imagen de estas instituciones depende de aquello.

1) Nómina de todos los condenados de la "Operación Imperio". Hace meses que varias personas fueron condenadas en juicios abreviados, en el marco de la Operación Imperio, donde se les imputó y juzgó por lavado de activos, estafa y otros delitos relacionados. Pese a solicitarse los nombres de los condenados, hasta el momento la fiscalía regional de La Araucanía no los entrega.

2) Nombre de los imputados por el homicidio ocurrido en Cunco la noche de Halloween, donde tres sujetos fueron detenidos por la muerte, a balazos, de un tercero. Aún no se informan los nombres, ni de los imputados, ni del hombre asesinado.

3) Nombre del violador de Temucuicui. Esta semana fue detenido un hombre de 40 años en la comunidad de Temucuicui, en la comuna de Ercilla, por la presunta violación de una adulta mayor de 79 años. Aún no se entrega su identidad.

4) Detective de la PDI detenido en Pitrufquén por vender, presuntamente, información a un tercero sobre causas y procedimientos policiales. Esta semana quedó en prisión preventiva, pero aún se desconoce su nombre y el de los demás implicados.

En el Poder Judicial

5) Prohibición de informar en el homicidio de Mateo Mella, donde la jueza de garantía de Toltén hoy resolvió de oficio la reserva de los datos vertidos en audiencia, en una flagrante violación a la Libertad de Prensa y de Informar, prohibiendo de hecho que se publicara el nombre de Jesús Emilio Inostroza Aguilera, presunto asesino de Mateo Mella, de 15 años, a quien le disparó en la cabeza tras el atropello de un perro.

la jueza de garantía de Toltén hoy resolvió de oficio la reserva de los datos vertidos en audiencia, en una flagrante violación a la Libertad de Prensa y de Informar

6) El 30 de septiembre pasado consultamos sobre la destitución de una jueza de Lautaro, por mal uso de licencias médicas. Hasta la fecha no se nos ha respondido o confirmado que Milena Anselmo Cartes, fue —o no— destituida por la Corte Suprema. Sin embargo, sobre el juez de Carahue Carlos Jeria Montoya, sí se informó su destitución por haber viajado a Brasil mientras debía guardar reposo médico. 

Y así, a medida que pasa el año, el Poder Judicial o la fiscalía "eligen a dedo" sobre quién se informa y sobre quién no, a quién se le tapa y a quien no.

Ley pareja no es dura

Por lo mismo, lo que se debe aplicar aquí es el dicho "ley pareja no es dura" y decidir si de todos los imputados se va a informar su nombre, o si de ninguno, pero no puede quedar al arbitrio de la fiscalía o el Poder Judicial.

Ah, pero se me iba un ejemplo, que acaba de ocurrir hace casi una semana atrás.

7) El viernes pasado la fiscalía nacional emitió un comunicado donde se informaba que un fiscal adjunto, estaba siendo investigado por abuso sexual. Se confirmó además que se había instruido un sumario administrativo en su contra y que había sido separado de sus funciones, sin que se confirmara su nombre o identidad. "Para cuidar el debido proceso", se dijo en el comunicado y nunca más se volvieron a referir a lo sucedido.

confirmamos que de trataba del fiscal Miguel Ángel Velásquez

No se confirmó su nombre, el que nuestro medio obtuvo de funcionarios de la propia fiscalía regional de La Araucanía y de la Universidad Católica, junto a colegas que ayudaron a triangular y confirmar. Así, el sábado confirmamos que de trataba del fiscal Miguel Ángel Velásquez, dato de interés periodístico y de la población en general y que no había por qué ocultar.

Amistad o interés político

El problema es que cuando se dan estas licencias o se les permite —dentro de su autonomía— hacer o no hacer, informar o no informar, lo que se daña es la fé pública que estos mismos organismos deben proteger.

Así mismo pasaba el año pasado, después de la elección de gobernador regional, donde un enfadado fiscal regional Roberto Garrido, de conocida tendencia de izquierda, mandaba a su vocera a anunciar —incluso con video y por redes sociales— que el alcalde de Temuco Roberto Neira, también de izquierda, pero que no había querido apoyar al candidato de ese sector, estaba acusado de violación.

se logró acreditar fehacientemente que Neira era inocente

Gracias al trabajo de su defensa y también de AraucaniaDiario, que publicó que los hechos que la fiscalía había catalogado como violación, eran en realidad acciones de la denunciante hacia él, se logró acreditar fehacientemente que Neira era inocente, pero de igual manera Garrido se dio el gustito, en mi opinión, para castigar al alcalde de Temuco por apoyar a Luciano Rivas y no al candidato de su predilección.

Mientras que en el caso de Neira, se anunció con bombos y platillos que había sido denunciado, en el caso del fiscal Velasquez, quien por supuesto es inocente hasta que se compruebe lo contrario, ni el nombre se dió. Mucho menos se hizo un video de la fiscal Marabolí contando lo que había sucedido (les comparto el video por si cabe alguna duda).

Libertad de Prensa está en riesgo

Lamentablemente, esta "facultad" de la que se han envestido fiscales y miembros del Poder Judicial, lo único que hace es desprestigiar a sus instituciones frente a la opinión de la gente, debilitar nuestra Democracia y por supuesto, poner en riesgo la Libertad de Prensa y de Informar.

Es de esperar que nuestras autoridades tomen conciencia

Es de esperar que nuestras autoridades tomen conciencia y decidan de una vez, si se prohibe informar todo o si en su lugar, por parejo, se da libre acceso a la información judicial, habida consideración por supuesto de cuando se trate de un menor de edad o de casos que involucren crímenes dentro de una misma familia, donde las víctimas se puedan revictimizar.

Bueno y la guinda de la torta: cuando los imputados son peñis o en causas de reivindicación de derechos indígenas, por supuesto que el nombre va y con los dos, nombres y apellidos se informan para publicar.

Ricardo Barría Dillems, ingeniero comercial, magíster en comunicación, editor AraucaniaDiario y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) 2026-2029.

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