Equipo AraucaniaDiario S
Las cifras recientemente publicadas en la prensa, basadas en datos de la Defensoría de la Niñez, el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), la Subsecretaría de Prevención del Delito y la Fiscalía Nacional, han encendido las alarmas: en 2024, cerca de 50 niños han sido asesinados, una de las cifras más altas de los últimos cinco años.
En este contexto, expertos advierten sobre el preocupante aumento del reclutamiento de menores por el crimen organizado, alimentado por la incapacidad del Estado de ofrecerles alternativas seguras y de acompañamiento.
Al respecto, la senadora y presidenta de la Comisión de Familia e Infancia, Carmen Gloria Aravena, expresó su profunda preocupación por esta realidad y la falta de apoyo a los jóvenes que, al cumplir 18 años, deben abandonar los hogares de protección estatal, quedando en un estado de total vulnerabilidad y expuestos al Narco y Crimen Organizado.
"Estamos ante una crisis que afecta entre 200 y 400 jóvenes cada año, quienes son lanzados al desamparo absoluto. Muchos de ellos quedan en situación de calle y caen en las manos del crimen organizado, teniendo un fin abrupto y trágico en sus vidas. Esta realidad, ignorada por años, además perpetúa ciclos de pobreza y violencia en nuestras comunidades", comentó la senadora Aravena.
La parlamentaria republicana informó que en el marco del proyecto de armonización de la Ley N° 21.302 —que establece el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia—, se trabaja en una indicación para garantizar una transición protegida para estos jóvenes.
"En la última sesión de la Comisión de Familia abordamos una realidad legislativa cruel: al cumplir 18 años, estos jóvenes deben abandonar los hogares de protección sin redes ni recursos. Es inaceptable que la ley no permita que el Estado les asegure una inserción digna. Esto debe cambiar", enfatizó.
Por su parte, Margarita Guzmán, de Fundación Sentido, quien expuso en la Comisión Legislativa, sostuvo: “Les estamos enviando a la calle sin redes ni recursos. No tienen estudios ni preparación. Esto no solo repite la historia, sino que la amplifica, perpetuando la pobreza y la exclusión social”.
La indicación que se presentará busca modificar la ley para permitir que los jóvenes puedan permanecer en programas de apoyo hasta los 21 años —y hasta los 24 si están estudiando— asegurando su inserción educativa y laboral.
Según Paulina Fernández, de Aldea Infantil SOS, “tres años de trabajo focalizado pueden hacer la diferencia, siempre que exista continuidad y un acompañamiento técnico adecuado”.
Finalmente, la subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva, coincidió en la urgencia de esta medida: “Estamos trabajando en coordinación con la senadora Aravena para ajustar los aspectos técnicos de la propuesta, porque este es un problema que la Ley de Armonización puede abordar con efectividad”.
