Entre otros abusos más graves, los policías aprovecharon una interceptación telefónica para cambiar la clave de Facebook del exreligioso y acceder a su cuenta personal.
La Región16/01/2025
Equipo AraucaniaDiario
Parece algo ligero y sin importancia, pero es grave lo que denuncia el exseminarista jesuita Luis García-Huidobro Andrews, ya que en una querella criminal que presentó en contra del fiscal regional Roberto Garrido, dos fiscales más y los funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) que resulten responsables, se relata cómo estos últimos se habrían aprovechado de una autorización judicial para intervenir su teléfono, cambiar la clave de internet de la cuenta de Facebook del exreligioso y así acceder a su información personal, fotografías y publicaciones.
Pero eso no es todo y menos lo más grave. También se acusa a la PDI de haber guiado o influenciado la declaración judicial de una testigo, para lograr que García-Huidobro fuese dejado en prisión preventiva, algo por lo que estuvo 6 meses en la cárcel de Valdivia, quedando recién en libertad en octubre pasado.
Los delitos por los cuales se interpuso la querella criminal son obstrucción a la investigación, faltar maliciosamente a la verdad en informe policial y el delito de espionaje informático, sin perjuicio de otros ilícitos que se determinen durante el transcurso de la investigación; querella que ya fue declarada admisible.
De acuerdo al texto de la querella, que AraucaniaDiario tuvo a la vista en exclusiva, el 27 de marzo del 2024, Luis García-Huidbro fue detenido en la localidad de Tirúa, en circunstancias que se dirigía a su lugar de trabajo. "Al producirse la detención, personal de la Brigada de Investigaciones Especiales (BIPE) de la Policía de Investigaciones (PDI) le indicaron al imputado, al leerle sus derechos, que la orden judicial es por delitos terroristas de la Ley 18.314, lo cual es falso, ya que no existía alusión alguna a dicha normativa en la solicitud de detención efectuada por el Ministerio Público, ni en la resolución judicial respectiva", dice la querella.
"Lo anterior es especialmente grave, ya que personal de la PDI filtró el registro audiovisual del momento de la detención a diversos medios de comunicación, dando publicidad intencional a la irregular detención de nuestro representado, tergiversando la realidad de los hechos", agrega.
Así, el 28 de marzo de 2024 se llevó a cabo la audiencia de control de detención y de formalización de la investigación en su contra, instancia en la cual el fiscal del Ministerio Público le imputó participación en calidad de autor, por los delitos de incendio en lugar destinado a la habitación y robo con intimidación, respecto del atentado ocurrido en el fundo Casablanca, comuna de Carahue, el 25 de octubre del año 2021.
Acto seguido, el persecutor solicitó la medida cautelar de prisión preventiva para el exseminarista, basándose en la declaración de una testigo protegida, que aseveró en una segunda declaración ante la PDI, que uno de los agresores, armado con un arma de guerra, se había levantado la capucha mientras le apuntaba para obligarla a salir de su casa. "La testigo afirmó haberlo encarado para que mostrara su cara; en respuesta, el agresor habría mostrado su rostro, levantándose la capucha, siendo descrito por el testigo como: “…una persona de ojos azules, tez blanca, de aproximadamente 1,75-1,80 metros de estatura”", relata la querella.
Sin embargo, según su defensa todo era parte de un débil pero elaborado tinglado para inculpar falsamente a García-Huidobro, ya que con la declaración de la mujer, la PDI elaboró un retrato descriptivo y, posteriormente, realizó un procedimiento de reconocimiento fotográfico, en el cual la testigo habría identificado a LuisGarcíaHuidobro como el agresor que se sacó la capucha.
El tema, primero, es que los funcionarios de la PDI habrían inducido a la mujer a señalar que su agresor era el exseminarista jesuita, ya que luego de elaborar un retrato descriptivo, le habrían hecho identificarlo de entre 17 otras personas que no tenían ni barba, ojos azules, ni menos bigote rubio.
"Los distractores utilizados en los sets fotográficos no mantenían ni la más mínima similitud con las características físicas del imputado, conforme a datos objetivos y verificables: ... en su mayoría no tenían tez blanca ... A pesar de que la víctima también había dicho (ante la PDI) que el agresor tenía 40 años, más del 90% de las personas tenía aprox. 10 años menos que nuestro representado, que tenía 41 años en la época de los hechos ... La víctima calculó, inicialmente, que la estatura del agresor era de 1,70 y luego de 1,75 a 1,80, sin embargo, Luis García-Huidobro mide 1,62, según se acreditó con un documento emitido por el CESFAM de Tirúa ...", dicen los abogados del exreligioso.
Además, en un registro audiovisual del año 2022, la víctima relata que no pudo identificar si su agresor era chileno o extranjero.
"Luego de haberse omitido u ocultado la primera declaración de la víctima, y habiéndose efectuado un reconocimiento fotográfico absolutamente viciado, funcionarios policiales de la BIPE de la PDI de Temuco ... elaboraron una serie de informes policiales en que se falta maliciosamente a la verdad, obstaculizando gravemente la investigación seguida en contra de nuestro representado, con el afán de sustentar antojadiza o falsamente una imputación penal en contra de Luis García-Huidobro", acusan los querellantes.
Lo anterior, debido a otro de los aspectos que se reclama en la querella, donde los funcionarios de la PDI habrían usado la interceptación telefónica autorizada por el juzgado de garantía de Carahue, para vulnerar la contraseña de Luis García-Huidobro en su cuenta personal de Facebook, accediendo "a la mala" a sus fotografías personales, publicaciones y actividad en esta red social.
"Personal de la BIPE de la PDI de Temuco accedió directamente a la plataforma Facebook con los datos de usuario de nuestro representado y seleccionó la opción “olvido de contraseña”, solicitando recuperarla a través de un mensaje de texto, el cual llegó al teléfono de nuestro representado -que se encontraba intervenido por orden judicial- , lo que permitió que se pudiera acceder inmediatamente a su perfil de Facebook, generando una nueva clave", dicen los querellantes y sin que tuvieran autorización del tribunal para hacer esto.
"De ese modo ilícito, haciéndose pasar por nuestro representado, no sólo se transgredió lo autorizado judicialmente, sino que permitió a los agentes de la PDI ingresar al perfil del imputado en los mismos términos que su titular, como si fuera él, pudiendo por tanto editar, modificar y/o eliminar contenido (s)", agregan.
A lo anterior se suman más antecedentes que evidencian una clara intención, por parte de los fiscales a cargo y de los funcionarios de la PDI, de inculpar falsamente a Luis García-Huidobro, logrando por medio de sus artilugios dejarlo en prisión preventiva por más de 6 meses, en la cárcel de Valdivia.
Nota de la redacción: Los abogados querellantes precisaron que la querella se presentó en contra todos los funcionarios públicos que resulten responsables, sin ser nominativa, de manera que no va dirigida en contra de una persona determinada.
Los apoderados del recinto educacional municipal de Temuco no fueron incluidos en la cita que incluyó al delegado presidencial, Carabineros y PDI.
Con una masiva presencia de autoridades nacionales y regionales, la Defensoría Penal Pública de La Araucanía, realizó la ceremonia de inauguración de este moderno edificio que desde el mes de enero se encuentra operativo y disposición de toda la comunidad regional.
Eduardo Abdala afirmó que los acuerdos a los que llegue la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, serán una hoja de ruta para avanzar en la calidad de vida de La Araucanía.
La propuesta considera su traslado a la calle Pedro de Valdivia para garantizar la seguridad de los usuarios y mejorar la convivencia vial en la comuna.
La fiscalía regional confirmó la investigación al interior del recinto educacional municipal de la capital regional y el alcalde de Temuco se refirió a lo sucedido.
Serán los 55 kilómetros más caros en la zona, ya que el tramo de 70 km entre Púa y Quepe cuesta $7.000 ida y vuelta. No existirá ruta alternativa sin pagar.
Además, el Ministerio Público investiga una posible administración desleal al interior de la universidad y falsificación de instrumento público.
De su mismo sector, votó en contra de la censura a su presidencia la diputada Ericka Ñanco. 18 diputados de centroderecha no concurrieron a votar.
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En su reemplazo se designó un hombre, Roger Ancamil Vallejos, quien es ingeniero informático y pertenece a Convergencia Social, del Frente Amplio.
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