La parlamentaria la considera perjudicial para los ahorros individuales, que genera incertidumbre laboral y que es fiscalmente insostenible.
Política28/01/2025
Equipo AraucaniaDiario
La reforma de pensiones impulsada por el Ejecutivo sigue generando controversia en el Congreso, durante esta jornada donde se vota en el pleno del Senado donde se cuestionan aspectos clave del proyecto, como el incremento de la cotización con cargo al empleador y la creación de un fondo común que complementaría las cuentas individuales Al respecto, la senadora Carmen Gloria Aravena expresó duras críticas a este proyecto, calificándolo como un atentado contra los ahorros de los trabajadores.
“El proyecto representa un préstamo forzoso que obliga a los chilenos a ceder parte de su sueldo al Estado cada mes, con promesas de devolución que, por la situación fiscal actual, son insostenibles. Esto no es más que un verdadero manotazo al bolsillo de los trabajadores, quienes ya rechazaron estas ideas durante el proceso de la Convención”, afirmó Aravena.
La parlamentaria del Partido Republicano también destacó que la propuesta tiene efectos negativos en el mercado laboral. Según estimaciones, podría costar más de 100 mil empleos en el corto plazo, afectando principalmente a las micro, pequeñas y medianas empresas.
“No es justo cargar a las pymes con costos adicionales sin atender los problemas estructurales del mercado del trabajo. Esta reforma no ataca el estancamiento económico, solo crea más incertidumbre”, agregó la parlamentaria.
Otro punto polémico es la sostenibilidad fiscal del sistema. Se calcula que el gasto público asociado a esta reforma superará los 4.000 millones de dólares anuales antes de 2034.
“El endeudamiento del Estado está fuera de control. No es responsable comprometer recursos que no existen, y menos cuando sabemos que la deuda pública ya supera el 45% del PIB”, aseguró Aravena.
Finalmente, la congresista subrayó la importancia de proteger los ahorros previsionales individuales. “Los descuentos que mes a mes hacemos como trabajadores deben ir íntegramente a nuestras cuentas personales. El Estado no tiene derecho a apropiarse de esos fondos para financiar sus proyectos. Esto no es solidaridad; es un abuso”, concluyó.
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