La comitiva, con 32 vehículos blindados, fue recibida a balazos en el fundo Pidenco, lugar donde se encuentra sepultado el ex integrante de la CAM.
28/03/2025
Equipo AraucaniaDiario
Nuevamente un grupo de encapuchados armados, presumiblemente de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), impidieron que se llevara a cabo la exhumación del cuerpo de Pablo "Toño" Marchant Gutiérrez, que busca aclarar la causa de muerte del miembro de la CAM, abatido en un enfrentamiento con Carabineros el 9 de julio del 2021, tras un atentado incendiario en un predio forestal de Carahue.
De acuerdo a un peritaje realizado por el médico legista Luis Ravanal Zepeda, conocido profesional chileno en la materia y distinguido perito forense a nivel internacional, Pablo "Toño" Marchant no murió producto de un disparo recibido en el enfrentamiento que tuvo con Carabineros, sino que habría sido "rematado" en el suelo, mediante otro disparo percutado en su rostro.
Y eso es lo que su madre busca determinar, luego de que el juzgado de garantía de Carahue autorizara una segunda autopsia, esta vez realizada por Ravanal.
Sin embargo, la diligencia no se pudo realizar por segunda vez, luego de que en esta oportunidad un contingente de 250 efectivos de la PDI, Carabineros y del Ejército, fuera recibido a tiros por un grupo indeterminado de sujetos, premunidos de armas de fuego.
La comitiva, que incluía 32 vehículos blindados, llegó durante la madrugada del miércoles hasta el predio Poluco Pidenco de Lumaco, sin que lograran realizar la diligencia por segunda vez.
Por su parte, la fiscalía regional informó que decidió abrir una investigación por homicidio frustrado, por el ataque que recibió el contingente de efectivos policiales que ingresó al predio con el objeto de realizar la diligencia ordenada por el juzgado de garantía de Carahue.
"Se intentó realizar la exhumación con apoyo de PDI, Carabineros y el Ejército, pero la comitiva fue atacada en distintos puntos y también en el lugar donde estaba enterrado el cuerpo", dijo la fiscal vocera Nelly Marabolí.
La decisión la adoptó la contralora general Dorothy Pérez, por motivos propios del servicio, pasando a desarrollar otras funciones dentro de la institución.
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