Tras considerar los hechos como constitutivos de delito, la cartera derivó de inmediato todos los antecedentes al Ministerio Público.
La Región05/08/2025
Equipo AraucaniaDiario S
El Ministerio de Justicia activó el Protocolo de Defensores de Derechos Humanos ante graves amenazas de muerte contra Miguel Raín, dirigente williche de Chiloé, por defender un Espacio Costero Marino (ECMPO), según confirmó Defendamos Patagonia. Derivó el caso al Ministerio Público, al INDH y a autoridades regionales, exigiendo medidas de protección y aplicación del Acuerdo de Escazú, en un contexto de creciente violencia contra defensores ambientales.
Tras considerar los hechos como constitutivos de delito, la cartera derivó de inmediato todos los antecedentes al Ministerio Público, instándolo a adoptar las medidas pertinentes dentro de su marco competencial para garantizar la seguridad del afectado.
De acuerdo a la organización, complementariamente, el Ministerio de Justicia informó mediante oficio al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) para que documente exhaustivamente el caso y evalúe interponer un Recurso de Protección a favor de Raín y su familia. Asimismo, solicitó formalmente al Gobierno Regional de Los Lagos y a la Municipalidad de Quemchi que implementen acciones concretas para prevenir nuevas acciones violentas y amenazas contra defensores ambientales en su territorio, en cumplimiento del Acuerdo de Escazú.
La activación del protocolo responde a las reiteradas amenazas de muerte que enfrenta Miguel Raín, dirigente de la comunidad indígena williche Cerro Colorado en Chiloé. Estas intimidaciones están directamente vinculadas a su incansable defensa del territorio ancestral, específicamente en la lucha por establecer un Espacio Costero Marino para Pueblos Originarios (ECMPO) en la isla Caucahué, comuna de Quemchi. El ECMPO busca garantizar la sustentabilidad, el respeto a las actividades tradicionales y la preservación cultural.
La situación de Raín ha sido denunciada públicamente para visibilizar su extrema vulnerabilidad y exigir protección efectiva, evidenciando un preocupante patrón de violencia sistemática contra defensores ambientales e indígenas en Chile. Organizaciones como Defendamos Patagonia, cuya comunicación detonó la activación del protocolo, demandan la plena aplicación del Acuerdo de Escazú y de los mecanismos de derechos humanos disponibles para garantizar la seguridad de quienes protegen el medio ambiente y los territorios ancestrales. Esta urgencia se refuerza con casos recientes como el atentado contra la abogada mapuche Orietta Llauca y la desaparición de Julia Chuñil.
En paralelo a las acciones ministeriales, se informó que el diputado Jaime Sáez ha gestionado activamente medidas de resguardo para Miguel Raín ante el INDH y la Delegación Presidencial Provincial de Chiloé. Este caso emblemático subraya la crítica crisis de seguridad que viven los defensores ambientales en el país y la imperiosa necesidad de detenerla mediante acciones coordinadas y efectivas por parte del Estado.
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