Equipo AraucaniaDiario SEl Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG) fue finalmente rechazado en la votación del Presupuesto 2026 debido a los cuestionamientos planteados en Sala respecto a la ausencia de datos claros sobre su funcionamiento, su impacto en menores de edad y el incumplimiento de obligaciones de transparencia comprometidas durante 2024.
Durante la discusión, la senadora por La Araucanía, Carmen Gloria Aravena, explicó que más de diez hospitales públicos reconocieron —vía solicitudes directas de transparencia— que menores usuarios del PAIG fueron derivados a hormonización transafirmativa, sin que exista a la fecha un consolidado oficial ni criterios uniformes informados por el Ministerio de Salud.
La parlamentaria recordó que este programa fue objeto de reparos técnicos por parte de la Subsecretaría de Evaluación Social y la Dirección de Presupuestos (Dipres), que advirtieron la falta de diagnóstico, indicadores, evaluación y monitoreo. Aun así, el Gobierno lo incorporó al proyecto de Presupuesto 2026 con una asignación de $890.779.000.
Aravena argumentó que el rechazo se fundamenta en que no existe información suficiente y verificable sobre los tratamientos aplicados a niños, niñas y adolescentes, ni sobre los protocolos seguidos en hospitales públicos. Añadió que estudios internacionales advierten posibles efectos negativos de la hormonización en menores en etapa de desarrollo, materia sobre la cual Chile aún no cuenta con análisis oficiales.
A estos antecedentes se suma el Informe de Auditoría N° 23/2024 del Minsal, que detectó graves deficiencias: ausencia de monitoreo, falta de evidencia del trabajo del encargado nacional, y difusión no autorizada de lineamientos sobre terapia hormonal.
La senadora también recordó que la glosa del Presupuesto 2025 estableció exigencias claras —informes periódicos, funcionamiento transparente de la Mesa Técnica de Expertos y garantías sobre autorización parental—, obligaciones que no fueron cumplidas en su totalidad.
“Este programa se rechaza porque no se ha entregado la información que el país necesita para tomar decisiones responsables. Estamos hablando de procedimientos médicos sensibles que afectan directamente a niños y adolescentes, y el Estado debe responder con evidencia, claridad y transparencia”, señaló.
