Equipo AraucaniaDiario
Hasta el momento y por supuesto, cuando asumió el Presidente Gabriel Boric, cada mandatario al instalarse puede remover a los cargos del confianza del Gobierno saliente e incorporar las personas con las que asume. Son, por lo general, operadores políticos de los partidos del Presidente, ministros, subsecretarios, seremis o jefes de servicio. Constituye además, una costumbre republicana por parte del Mandatario saliente, no impedir una correcta instalación. Al menos, lo era hasta ahora.
Y es que el reajuste del sector público no ha estado exento de polémicas, ya que el Gobierno incluyó en esta propuesta de Ley, una disposición que limitaría futuros despidos de los funcionarios del aparato estatal y que ha generado un fuerte rechazo en la oposición, que lo acusa de buscar asegurar la permanencia de “los amigos y operadores políticos de esta administración”.
"La no renovación de contratas o su renovación en condiciones distintas en subsecretarías, servicios públicos dependientes de los ministerios o que se relacionen con el Presidente de la República (segundo piso), delegaciones presidenciales, universidades estatales y municipalidades, se realizará únicamente mediante acto administrativo fundado, sustentado en criterios objetivos y acreditables”, dice la norma que se tratará de hacer que se apruebe en el Congreso.
“... Los funcionarios con, al menos, dos años de servicios continuos podrán reclamar por vicios de legalidad por no renovación o renovación en condiciones distintas”, agrega, pero a la vez, se intenta que sea la Contraloría la que resuelva estos casos, ya que en caso de que se dé dicho escenario, la Contraloría sólo podrá abstenerse de resolver las reclamaciones, si el interesado ha interpuesto acciones judiciales; lo que permitiría que se reintegre a los funcionarios de confianza despedidos.
El diputado por Cautín Stephan Schubert (P. Republicano), advirtió sobre las consecuencias potencialmente perjudiciales de la cláusula que permite retener a funcionarios bajo las actuales condiciones de la ley de reajuste. “Dejar amarrados a estos funcionarios es un grave error que obstaculiza la posibilidad de una transición armoniosa hacia el próximo gobierno”, señala Schubert.
En ese sentido, el diputado aseguró que el enfoque del Gobierno no solo limita las opciones de la futura administración, sino que también ejerce presión sobre las finanzas públicas, dado el contexto de restricciones fiscales que enfrentan.
“Espero que el gobierno recapacite y permita por el bien de las arcas y por una transición armoniosa eliminar esa cláusula que no se ajusta a la realidad ni a la normativa vigente”, agrega el parlamentario de La Araucanía.
Finalmente, el problema en relación a la ley de Reajuste del Sector Público, es que pone al futuro Gobierno contra la espada y la pared, ya que de no aprobarse rápidamente, se obstaculiza la decisión sobre los aguinaldos de Navidad, cuyo monto se fija en este cuerpo legal.
