Equipo AraucaniaDiario
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) exigió este lunes la liberación inmediata de los 23 periodistas y trabajadores de la prensa detenidos arbitrariamente en Venezuela, el desbloqueo de más de 60 medios de comunicación censurados en internet y la garantía de condiciones de seguridad para el ejercicio periodístico, como parte de un conjunto de demandas dirigidas al Estado venezolano en el actual contexto de crisis política e institucional.
En un comunicado público, el SNTP advirtió que no es posible avanzar hacia una transición democrática mientras persistan la persecución política, la censura, la prisión arbitraria y la violación sistemática de derechos fundamentales, y subrayó que la libertad de expresión, el acceso a la información y el derecho al trabajo son pilares esenciales del Estado de derecho y de la convivencia democrática.
La organización gremial denunció que 23 periodistas y trabajadores de la prensa permanecen privados de libertad de manera injusta y arbitraria, como consecuencia directa de su labor informativa o del ejercicio legítimo de su derecho a expresarse, y alertó que la prisión de periodistas constituye una grave violación a la libertad de prensa y un mecanismo de intimidación contra la sociedad.
El SNTP también reiteró su preocupación por el bloqueo de más de 60 medios de comunicación en internet, una forma de censura estructural que limita el pluralismo informativo y restringe deliberadamente el acceso de la ciudadanía a información diversa y veraz. A ello se suma un entorno de alto riesgo para el ejercicio periodístico, marcado por amenazas, hostigamiento y ausencia de garantías institucionales.
En el comunicado, el Sindicato expresó además su solidaridad con 180 sindicalistas y trabajadores detenidos por ejercer derechos laborales y sindicales, así como con activistas y defensores de derechos humanos privados de libertad, y reiteró la exigencia de liberación de todas las personas presas por razones políticas.
El SNTP exhortó al Estado venezolano a asumir estas demandas como una prioridad inaplazable y a adoptar medidas inmediatas, claras y verificables que permitan la restitución de los derechos vulnerados, en el marco de una salida democrática, pacífica y basada en el respeto al Estado de derecho.
