Equipo AraucaniaDiario S
El senador Francisco Huenchumilla recogió la alerta levantada por la Federación Nacional de APR de Chile, quienes fueron “advertidos” desde la Superintendencia de Servicios Sanitarios sobre fiscalizaciones y posibles sanciones, de encontrarse incumplimientos a las exigencias de la Ley 20.998 –cuerpo legal que busca regular los servicios sanitarios rurales.
Cabe señalar que el pasado 07 de abril, la Federación que reúne a estos servicios emitió una declaración pública donde manifestaron preocupación por el “tono de advertencia” y “amenazas de sanciones” contenidas en un oficio enviado por el ente fiscalizador; y ante lo cual respondieron como gremio que la implementación de la ley “les exige como sanitarias”, pero que “no se les apoya” para alcanzar dichos estándares.
El legislador citó el oficio de la SISS, donde se instruye a los APR que “toda solicitud de antecedentes, o instrucción impartida a un APR debe ser respondida en los plazos fijados; y que toda infracción, o incumplimiento de órdenes e instrucciones, los hará objeto de multas a beneficio fiscal”.
“Dicho oficio genera natural preocupación en los APR, por cuanto afirman que la aplicación de la ley no considera la realidad de los territorios ni con el carácter local, vecinal y comunitario, sin fin de lucro alguno, en que se sostienen estos sistemas”, señaló el parlamentario.
Para el legislador por La Araucanía, la autoridad “comete un error, y debería mostrar una actitud distinta hacia los APR. Los plazos de adecuación que dio la ley han ido finalizando, pero durante estos años de transición no hubo un esfuerzo consistente de apoyo y acompañamiento. Los APR son entidades comunitarias sin fines de lucro, no son empresas sanitarias”, planteó.
“Con esto quiero decir, que los APR no tienen ni la infraestructura, ni los cuadros técnicos, ni mucho menos la liquidez financiera de una empresa sanitaria. Ese es el punto político de apoyarlos”, dijo.
En este sentido, el legislador dijo apoyar “plenamente el planteamiento de la Federación, para que la implementación de la ley sea gradual y asociada a un plan de fortalecimiento de estas entidades, con financiamiento que lo permita, y con apoyo técnico permanente, que haga posible prestar un servicio de alto estándar como el que la ley está exigiendo”.
El parlamentario explicó que la intención de la ley “es del todo coherente: busca asegurar la calidad del servicio de APR; tender a su continuidad a todo evento; garantizar la equidad en el acceso al agua potable rural, y que los APR tengan una formalización jurídica, una gobernanza más estricta, o gestión administrativa y contable formalizada, entre otros aspectos”.
Sin embargo, el legislador explicó que su implementación “choca con un problema estructural de debilidad de estos sistemas en Chile, y les exige elevar el estándar pero sin convertirlas en empresas, ni dotarlas de capacidades técnicas o financiamiento adecuado”.
Huenchumilla explicó que entre las exigencias están “normas de continuidad y calidad del servicio, cuando muchos APR tienen infraestructura precaria o enfrentan escasez hídrica; u ordenar que la SISS fiscalice su funcionamiento o exija cumplimientos normativos, pero sobre problemas que hoy día son estructurales, y no causados por negligencia”.
También detalló que la normativa “dispone el cumplimiento de estándares financieros, como contabilidad formal o sostenibilidad, lo que choca con la poca o nula preparación de las personas en la materia; establece la responsabilidad de inversión y mantenimiento, cuando las comunidades no tienen recursos ni capacidad para ello; e incluso en algunos casos exige el salto a saneamiento de aguas servidas, una exigencia que es un mundo totalmente nuevo para un APR”.
“Con todo lo anterior, apoyo la alerta que levanta la Federación de APR: forzar la implementación de una ley que exige altos estándares de servicio, sin fortalecer sus capacidades y financiamiento, puede debilitar el modelo comunitario, sobrecargar a sus dirigentes, generar incumplimientos inevitables y poner en riesgo la continuidad de los servicios”, planteó.
El senador finalizó con “un llamado a la Dirección de Obras Hidráulicas, y al propio Ministerio de Obras Públicas, para que informen a la opinión pública sobre cómo acompañarán a los APR de Chile en el cumplimiento de esta ley, porque el Estado está al debe respecto de esta transición”.
