Equipo AraucaniaDiario
¿Cómo un puñado de fiscalizadores de la Contraloría General de la República (CGR), puede más que todo el Ministerio Público y en menos tiempo?, es la pregunta que se debiera responder el fiscal nacional Ángel Valencia, luego de leer el preinforme de la auditoría realizada por el ente contralor, donde se realiza un acucioso examen a los convenios ejecutados por la Universidad Autónoma de Chile, con recursos del Gobierno Regional de La Araucanía.
Tras más de dos años investigando, sólo se ha logrado formalizar la investigación contra un funcionario quien -de forma casual y por descuido personal- quedó en evidencia del fraude que había realizado.
Sin embargo, en una auditoría de algunos meses, la Contraloría logró identificar graves irregularidades, pagos a parientes, comités que asignaron recursos a familiares que concursaban por recursos y un sin número de situaciones -todas con respaldo- que podrían constituir delitos.
De acuerdo al Informe N° 744 de 2025, entregado el 26 de marzo de 2026, documento que aún tiene la calidad de provisorio, ya que el Gobierno Regional de La Araucanía debe hacer sus descargos, se auditó las transferencias de recursos públicos a la Universidad Autónoma de Chile entre 2022 y 2023, en el marco del subtítulo 33 (fondos para programas e inversión), para verificar la legalidad del uso de recursos, el cumplimiento de objetivos y existencia de conflictos de interés, donde se le entregaron $21.804 millones.
Dentro de lo detectado, existe un incumplimiento sistemático de principios de probidad, control, eficiencia y legalidad en la administración de recursos públicos, como por ejemplo, funcionarios que participaron de la evaluación de proyectos, donde sus familiares resultaron beneficiados.
"Realizado el cruce de la red familiar de los funcionarios del Gobierno Regional de La Araucanía con los prestadores de servicios contratados por la entidad receptora, Universidad Autónoma, para supervisar la ejecución de los proyectos adjudicados, asimismo, con la nómina de beneficiarios y, también, con los proveedores presentados en las rendiciones de gastos de los beneficiarios, se advirtieron las siguientes situaciones ...", señala el informe.
"Se advirtió la contratación de seis (6) profesionales por parte de la Universidad Autónoma, para realizar labores de seguimiento a los proyectos adjudicados por los beneficiarios, quienes mantienen lazos familiares con funcionarios del GORE", es uno de los hallazgos.
"Se constató que ocho (8) beneficiarios eran familiares de funcionarios del GORE y una (1) empresa beneficiaria es de propiedad de una funcionaria de la entidad otorgante -GORE- ... En relación a ello, es del caso destacar que los funcionarios del GORE no participaron en ninguna instancia de tramitación y seguimiento de los proyectos involucrados, salvo en lo que respecta al señor Christian Valdebenito Torres, quien participó en la etapa de evaluación de la iniciativa del programa código BIP N° 40037681-0, proyecto en el que posteriormente fueron beneficiarios su madre, hermano y padre de hermano (a)", señala además y se complementa como sigue a continuación.
"Se constató que el funcionario señor Christian Valdebenito Torres participó en la etapa de evaluación de la iniciativa del programa código BIP N° 40037681-0, por cuanto fue designado para conformar el Comité “Transferencia Tecnológica para la Reactivación Económica de la región de La Araucanía”, proyecto en el que posteriormente fueron beneficiarios su padre, madre y hermano, adjudicándose un valor de $ 5.000.000 cada uno de ellos", dice el informe.
Además, el informe verificó que cuatro (4) personas que prestaron servicios mediante la modalidad de boletas de honorarios a los beneficiarios, son familiares de funcionarios del GORE.
El Gobierno Regional de La Araucanía, deberá en los próximos días evacuar su respuesta ante los hallazgos descritos y sería bueno además, que complementara con esta información la investigación que lleva a adelante el Ministerio Público hace más de dos años.
