Equipo AraucaniaDiario
Los delitos cometidos en el marco de la "Operación Huracán", uno de los hechos judiciales más vergonzosos desde que Chile volvió a la Democracia, están lejos de haber sido juzgados y sancionados totalmente.
Y es que no todos los involucrados, cómplices o encubridores de la trama para meter presos a 7 líderes mapuches y un periodista, con información y pruebas falsas, han sido juzgados. En particular, los fiscales que participaron del operativo y que han sido varias veces mencionados como cómplices del montaje.
Y si hay fiscales que participaron de estos hechos, sin duda que Luis Arroyo y Carlos Cornejo, según la abogada Marisa Navarrete, debieran haber sido formalizados, pero no. Ni han enfrentado la justicia, ni han sido sancionados internamente, porque ni sumario se les ha realizado.
Pero eso no es todo, ya que el fiscal regional Roberto Garrido, el único responsable de todas las causas de La Araucanía, en lugar de alejarlos de las investigaciones importantes, donde la imagen del Ministerio Público no debiera cuestionarse, ha hecho precisamente lo contrario, tendiendo un manto de duda sobre las actuaciones que se realizan, lideradas por estos dos fiscales; colocando a Cornejo a cargo de la investigación de las causas del llamado "Caso Convenios" y luego, tras removerlo de esta indagatoria -no sin antes cometer farias faltas-, dejando a cargo a Luis Arroyo.
Sin embargo, esta decisión, que podría mirarse a la ligera, está cargada además de cuestionamientos por varias partes. En primer lugar, hace ya varios meses la Corte Suprema de Chile, rechazó el sobreseimiento definitivo de Arroyo en la Operación Huracán. Es decir, solo falta que le realicen una "querella de capítulos" (trámite más bien administrativo) para desaforarlo, que sean formalizado y le den, incluso, medidas cautelares mientras dura la investigación.
En segundo lugar, al interior de la fiscalía regional, son varias la voces que critican que no se haya puesto a cargo de esta investigación, al fiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad, César Schibar, e incluso a algún persecutor que por sus prácticas anteriores, no haya sido cuestionado.
Luego, se suma la denuncia realizada ayer por el exdiputado del Partido Republicano, Mauricio Ojeda, quien exigió al fiscal Garrido la salida de Luis Arroyo, porque en su defensa por la Operación Huracán tiene el mismo abogado que algunos imputados en el Caso Convenios, el abogado José Martínez.
"En primer lugar, (Arroyo) está en calidad de imputado por implantación de pruebas falsas, en la denominada Operación Huracán. De hecho, el sobreseimiento que él tenía fue revocado por la Corte Suprema. Es decir, la Corte dice que el proceso no estuvo ajustado a derecho y va a haber una audiencia, para reabrir las investigaciones contra del fiscal", dijo Ojeda.
"En segundo segundo lugar, de qué manera puedo yo estar tranquilo y confiar con certeza, en un fiscal que está acusado por implantación de prueba falsa, en una causa que es también tremendamente compleja", agregó.
"El propio fiscal Luis Arroyo, que es imputado, contrató a un abogado para que lo defendiera, como es el derecho que le corresponde. El problema es que este mismo abogado que lo representa él, también es defensor de un imputado en nuestra causa", dijo el exdiputado Mauricio Ojeda.
"Vale decir, tiene un conflicto de interés gigantesco. Yo no logro entender cómo el fiscal regional, cómo el fiscal Arroyo, no se percataron de esta inhabilidad que existe y que no da garantías de un proceso correcto, como el que vamos a exigir que se haga", finalizó el exparlamentario, quien agregó que por este motivo está exigiendo la salida de Arroyo de la investigación.
