Equipo AraucaniaDiario S
La diputada Coca Ñanco ingresó un oficio dirigido al Ministerio de Relaciones Exteriores solicitando la remisión íntegra del expediente administrativo que respaldó el nombramiento de Gabriel Zaliasnik como embajador de Chile ante Israel, además de los informes, evaluaciones y verificaciones de antecedentes considerados para determinar su idoneidad para el cargo.
La solicitud surge luego de que la Fiscalía Regional de Valparaíso confirmara la apertura de una investigación penal en contra de Zaliasnik por una serie de eventuales delitos, entre ellos malversación de caudales públicos, fraude al Fisco, negociación incompatible, tráfico de influencias e interceptación ilegal de comunicaciones. Pese a ello, la Cancillería ha ratificado su permanencia en el cargo.
“Resulta incomprensible que, mientras la Fiscalía investiga eventuales delitos tan graves como tráfico de influencias, fraude al Fisco y malversación de caudales públicos, el Gobierno insista en mantener a Gabriel Zaliasnik como representante de Chile ante el Estado de Israel. Por eso hemos solicitado conocer íntegramente el expediente de su nombramiento y todos los antecedentes que permitieron concluir que era una persona idónea para ejercer una de las más altas responsabilidades diplomáticas del país”, dijo la diputada Coca Ñanco.
La parlamentaria, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores agregó que: “Lamentablemente, cuando propusimos que esta situación fuera fiscalizada desde la Comisión de Relaciones Exteriores, el diputado Stephan Schubert se opuso. Nosotros no vamos a mirar para el lado. La labor fiscalizadora de la Cámara no puede depender de conveniencias políticas ni de la cercanía con el Gobierno de turno. Cuando está en juego la credibilidad internacional de Chile, nuestro deber es exigir transparencia total y respuestas claras”, cerró Ñanco.
Mediante el oficio, la parlamentaria también requirió información sobre los procesos de revisión de antecedentes realizados antes de la designación, los criterios utilizados para evaluar su idoneidad y las razones que llevaron al Ejecutivo a mantenerlo en funciones una vez conocida la investigación penal en su contra.
