Equipo AraucaniaDiario S
Higuera anunció el 19 de junio, en el noticiero central de Ecuavisa, su decisión de apartarse de la investigación del denominado caso Progen, tras denunciar presiones ejercidas por instituciones del Estado en contra de su esposa y su hijo. El canal también alertó sobre represalias posteriores a la cobertura de este caso, vinculado a una empresa con sede en Estados Unidos y a presuntas irregularidades en contratos suscritos durante la crisis energética de 2024, que involucrarían a autoridades gubernamentales.
Tras la difusión de sus reportajes, el secretario general de la Administración Pública, José Julio Neira, emitió un pronunciamiento contra Higuera. Asimismo, se ha denunciado el uso de entidades estatales, como la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) y el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación (Cordicom), para ejercer presión sobre el periodista, en un contexto que evidencia un patrón de intimidación institucional.
El periodista también señaló como represalias el despido de su esposa de una empresa pública y la suspensión de su hijo de la plaza que ocupaba como estudiante de medicina en un hospital de la seguridad social. Estas medidas, dirigidas contra su entorno familiar, influyeron directamente en su decisión de abandonar la investigación.
“El uso de instituciones del Estado para hostigar a un periodista y tomar represalias contra su familia constituye un abuso de poder y una violación a la libertad de prensa. Este tipo de prácticas buscan instaurar el miedo como mecanismo de censura”, afirmó el presidente de la SIP, Pierre Manigault, titular del grupo Evening Post Publishing Inc., en Charleston, Carolina del Sur, EE. UU.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y directora de la Organización Editorial Mexicana (OEM), Martha Ramos, señaló que “es motivo de profunda preocupación que el ejercicio del periodismo de investigación pueda dar lugar a acciones que sean percibidas como represalias. En una sociedad democrática, resulta esencial que los periodistas puedan desarrollar su labor sin presiones ni intimidaciones. Reclamamos el cese inmediato de estas acciones y garantías efectivas para el ejercicio libre e independiente del periodismo”.
Ecuavisa sostuvo que las presiones oficiales han tenido como objetivo obstaculizar las investigaciones sobre el caso Progen y debilitar el periodismo de fiscalización sobre asuntos de interés público.
Por el caso Progen, la Fiscalía General procesa a 21 personas por el presunto delito de peculado. Según investigaciones, 104 millones de dólares de fondos públicos fueron destinados para la adquisición de generadores de energía para las centrales térmicas de Quevedo y Salitral; sin embargo, los equipos entregados eran usados, fueron reacondicionados y no cumplían con los estándares tecnológicos exigidos.
La Federación Nacional de Periodistas del Ecuador (FENAPE) y la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios), entre otras organizaciones, también rechazaron el acoso y las represalias dirigidas contra el periodista y su familia.
Los directivos de la SIP recordaron que la utilización de mecanismos estatales para presionar, intimidar o castigar a periodistas por su labor investigativa vulnera principios fundamentales de la libertad de expresión y contraviene estándares internacionales en materia de derechos humanos.
La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está conformada por más de 1.300 medios del hemisferio occidental y tiene su sede en Miami, Florida, Estados Unidos.
