La iniciativa, ejecutada por INIA Carillanca, benefició a 138 familias, donde el 90% fueron mujeres rurales, quienes disponen de agua para producir de manera eficiente hortalizas destinadas al consumo familiar.
La investigación administrativa instruida por la CGR arrojó la improcedencia de medidas sancionatorias contra los profesionales Jefferson Adaro e Iván Soriano.
Los hechos ocurrieron en el Complejo Educacional Dario Salas de Carahue, del SLEP Costa Araucanía, donde el menor habría amenazado también a sus compañeros.