Debido a la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones, muchas personas han cuestionado que se pregunte por el nombre y apellido. Asimismo, con orden judicial el INE podría estar obligado a revelar los datos obtenidos por los censistas.
Antumilla Pichún resaltó cómo en el Gobierno pasado se "prometieron tantas cosas", pero se militarizó el Wallmapu y mantuvo más de 100 presos políticos mapuche.