Felipe, Tomás y Jefferson Antihuén Santi, además de Nicolás Rivas Paillao, emboscaron, dispararon y luego quemaron los cuerpos de los uniformados en 2024.
La parlamentaria ofició al Gobierno tras el retiro de 43 decretos ambientales desde Contraloría, incluyendo el Plan de Descontaminación del Lago Villarrica.