“Las consecuencias del cambio climático son irreversibles” y “una alerta roja para la humanidad”. Esas son las lapidarias sentencias que describen la actual situación medioambiental en el mundo entero, según expone el último informe de la ONU sobre Cambio Climático. Y esa es la realidad sobre la cual, desde la política, debemos trabajar a pasos acelerados: las consecuencias de este cambio climático se harán evidentes en nuestras casas, en nuestras ciudades, en nuestros campos, en nuestros trabajos, y también en nuestras estructuras económicas.

La buena noticia es que Chile ya ha iniciado distintos esfuerzos en esta dirección. Nuestro país ha tenido una posición de liderazgo en la COP25, y entre los compromisos que ha tomado, está la declaración de intenciones –y también acciones– para ser carbono neutrales hacia el año 2050. También tenemos esfuerzos serios por cerrar la última termoeléctrica a carbón en 2025 –con un proyecto de ley al respecto, que ya se aprobó en la Cámara de Diputados–; nuestra Ley de Humedales Urbanos, que defiende a estos ecosistemas del apetito de las inmobiliarias, o distintos planes de reforestación y arborización que dependen de Conaf, y los ministerios de Medio Ambiente y Agricultura. Sin embargo, la gravedad del escenario demanda mayores esfuerzos.

En esta situación de emergencia, por supuesto que son los espacios de la vida en sociedad donde se toman decisiones, como por ejemplo la política, y también el poder económico, quienes tienen la palabra. Sin embargo, y como es lógico, el poder económico se ciñe a cumplir con la legislación y las normativas que se hayan establecido; por lo que las miradas ya están puestas, y estarán puestas, en los pasos que den los gobiernos y los parlamentos alrededor del mundo.

Lo cierto es que el cambio climático está ocurriendo de forma muy veloz, generalizada, y está empeorando día a día. Por eso, éstas son algunas ideas fuerza de cómo, desde la administración del estado, podemos abordar el desafío.

Una tarea ineludible es reforzar la protección de los ecosistemas existentes en nuestro país, y la reconstrucción de aquellos que han sido destruidos. Y para ello, profundizar la reforestación es fundamental. Esta idea constituye un punto básico de partida: la destrucción de los ecosistemas naturales se produce exclusivamente por la depredación humana, sumado a la negligencia o la falta de herramientas de la política en establecer un control, como pasaba, por ejemplo, con la destrucción de nuestros humedales; o con la quema de hectáreas de bosque nativo, dejando terrenos que posteriormente son utilizados por la industria inmobiliaria.

Otra meta que podemos plantearnos, es que nuestros sistemas de transporte público den un salto cualitativo y cuantitativo. Hoy no existe absolutamente ningún incentivo para que las personas prefieran el transporte público, en desmedro de su propio medio para movilizarse, el automóvil. En este cometido, no es en absoluto necesario inventar la rueda: debemos mirar la experiencia de países exitosos en materia de transporte urbano, contrastar esas realidades con la nuestra, y evaluar si es necesario gastar más, o si tenemos problemas de diseño o gestión de recursos. Por último, tal vez es necesario que una mayor proporción del Fondo Espejo del Transantiago en regiones vaya destinado a transporte.

También es necesario que nuestro país siga avanzando en energías limpias y sostenibles; no es el caso de la energía hidroeléctrica, que avanza al costo de alterar o destruir la vida de comunidades enteras, así como miles de hectáreas de ecosistemas. El futuro, claramente, depende de la generación de energías como la solar y la eólica. Chile ya ha avanzado, porque hoy más del 20% de su producción energética proviene de plantas de energía renovable no convencional, pero no es suficiente.

Finalmente, creo que es necesario que, como legisladores, tengamos claro el panorama del cambio climático, en el sentido de cuáles son las fortalezas y debilidades de nuestro país para su combate, y cuáles son las áreas donde estamos más al debe; de esta manera podremos contribuir en nuestra tarea, que es legislar. Por ejemplo, saber que las actividades que más gases contaminantes generan en Chile son la generación de electricidad, seguida del transporte terrestre; y en tercer lugar está la industria ganadera, que coincidentemente, no cuenta con regulación alguna a este respecto.

Para todo lo anterior, manifestamos desde el Congreso Nacional nuestro compromiso, para que éstas y otras ideas, se materialicen en proyectos de ley concretos. En otras, podrá también hacer su aporte el Ejecutivo, mediante la iniciativa del presidente de la República como colegislador. En materia medioambiental los ojos del mundo, y también los del país, estarán puestos en la noble actividad política. Mi invitación, a mis pares parlamentarios y el gobierno, es que estemos a la altura.