La mañana de este miércoles fue ingresada a la Oficina de Partes de la Cámara la acusación constitucional en contra del Presidente Sebastián Piñera, por su presunta vinculación en la venta de sus acciones en el proyecto Dominga en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas, hecho que también se encuentra investigando el Ministerio Público.

Fueron 15 los parlamentarios de todos los sectores de centroizquierda quienes pusieron su rúbrica en el libelo. Los congresistas que buscan que el Mandatario aclare su rol en la venta de esta minera, necesitan 78 votos en la Cámara de Diputados para avanzar con el trámite. 

Entre los parlamentarios que firmaron la acusación se encuentra la diputada de La Araucanía, Andrea Parra, quien posteriormente al ingreso del documento manifestó que, la Acusación Constitucional es un acto de "justicia con Chile". 

“Aunque queden pocos meses de gobierno, al Congreso le corresponde dar un señal contra la impunidad política de un gobernante que usó su cargo para favorecer sus negocios”, señaló la parlamentaria.

Contexto 

La acusación, la segunda que impulsa la oposición contra Piñera en este mandato, se concretó a poco más de una semana de la publicación de la investigación periodística denominada “Pandora Papers”, que constituye la mayor filtración de datos financieros de paraísos fiscales, que vincula a presidentes, ministros, artistas, reyes y futbolistas con sociedades offshore, para evitar pagar impuestos.

Una vez que se informe en el Hemiciclo sobre la Acusación Constitucional, el Presidente Piñera quedará con arraigo nacional, existiendo un plazo de tres días para ser notificado.

Luego de eso, el Mandatario tendrá 10 días (corridos sin contar los domingos) para presentar su defensa ante la comisión revisora, donde se encuentran Florcita Alarcón (PH), Maya Fernández (PS), Pepe Auth (Ind.), Paulina Núñez (RN) y Virginia Troncoso (Ind.-RN), la que a su vez, tendrá seis días para resolver. Con esos plazos se proyecta que el libelo sería votado el 8 de noviembre.

Cabe señalar que, en caso de que la acusación sea visada por ambas cámaras, por mayoría en la Cámara Baja y 2/3 en el Senado, el Presidente se verá obligado a dejar su cargo y quedará con la inhabilidad de cinco años para ejercer cargos públicos.