Nuestro país, en la dimensión económica de su historia, no se entiende sin sus recursos naturales. Ayer fue el guano y el salitre, en las regiones del norte. La plata, en Chañarcillo. El carbón, en Lota. Hoy, y desde hace varias décadas, es el cobre. Desde el siglo XIX, uno de los pilares que han cimentado nuestros modelos de desarrollo es la actividad extractiva. Con su gentil y perpetuo salario, Chile ha emprendido un largo camino de crecer, modernizarse y dar, con aciertos y errores, con más o menos generosidad, bienestar a sus habitantes. En esa tarea, tan mal no nos ha ido.

Hoy, podemos decir con propiedad que la explotación del litio es para Chile una ventana al futuro. Empleado a gran escala en la industria tecnológica, su demanda a nivel mundial es creciente. Una gran oportunidad para un país como el nuestro, que acumula en su periplo histórico una larga lista de pendientes; en materia de reformular su modelo de desarrollo, o de propender a una mayor justicia social con derechos garantizados. Todas cosas que, por supuesto, cuestan (mucho) dinero.

Con todo lo anterior, la decisión política sin sentido de estado y poco técnica del gobierno, de llamar a licitación nacional e internacional por la explotación de este mineral, en la forma en que se ha hecho, ha generado una gran controversia. El proceso abrió el pasado 13 de octubre, y finaliza el 14 de enero de 2022, con el anuncio de las adjudicaciones; todo lo cual parece, por decirlo menos, apresurado e inoportuno. Y vamos a ver por qué.

Uno de los puntos más importantes al respecto, es que el gobierno soslaya el trabajo que está realizando la Convención Constitucional. A primera vista, pareciera que, a dos meses de dejar el poder, el Ejecutivo busca amarrar contratos de explotación a 30 años por el llamado “oro blanco”. Todo, a pesar de que existe un órgano del estado, representativo de la soberanía popular, y que aún no ha librado una de sus batallas insignes: la forma en que Chile explotará sus recursos naturales de aquí hacia el futuro, qué relevancia tendrán éstos en el desarrollo tecnológico y en aporte de recursos al erario fiscal, cómo será cautelado el cuidado del medioambiente, y muy importante, qué rol tendrá el estado en la explotación del litio y otros minerales.

Y es que no se trata de acusar al actual gobierno de mezquinos intereses económicos ocultos. Este senador no está por levantar ese tipo de sospechas. En el peor de los casos, quiero pensar que el gobierno busca promover la explotación del litio como uno de sus últimos hitos políticos, previo a dejar La Moneda; pero amarrar contratos de explotación a 30 años pasa a llevar el trabajo que debe realizar al Convención, y será claramente un contrasentido con las decisiones que, soberanamente, ésta debe tomar sobre el futuro de nuestros recursos naturales.

Punto aparte merecen las consideraciones de diversos expertos en materia económica y minera, para los cuales este proceso de licitación nacional e internacional hecho a la rápida, específicamente en el contenido de sus bases, tiende a beneficiar a los grandes conglomerados, en desmedro de otros oferentes más pequeños y/o otras alternativas.

Pero este tema también ha levantado las alarmas en la actual oposición, y en específico en el próximo gobierno, cuyo presidente electo pidió explícitamente al Ejecutivo que la controvertida licitación del litio sea aplazada hasta el próximo periodo. La coalición del futuro gobierno, además, ha planteado la necesidad de que exista una empresa nacional para la explotación del mineral, al estilo de Codelco o Enap; algo a lo que las futuras adjudicaciones quitarían sentido.

Con altura de miras, este senador valora dicho llamado y lo comparte: el proceso de licitación del litio debiera ser suspendido. Pero también hace ver que el problema de licitar en un futuro gobierno, en unos meses o en un año más, seguirá siendo el mismo.

En suma, hoy en día es por el litio, pero la encrucijada a la que nos enfrentamos como país ya se ha repetido en otras oportunidades. Tenemos dos alternativas: una es hacer las cosas tal como ya se han hecho con más de lo mismo, permitiendo que la explotación de nuestros recursos naturales se haga al mejor postor, con enormes beneficios para el sector privado, privilegiando a los más grandes, y sin que el país en su conjunto obtenga los beneficios que son justos y proporcionales.

La otra opción es hacer las cosas con calma, con serenidad, y pensando en el futuro. Planificando en extenso el rol que la explotación de recursos naturales tendrá, y el paso de una economía extractivista a una con mayor valor agregado en sintonía con políticas industriales para el Chile que queremos construir. Y por qué no decirlo, también considerando lo mucho que el estado tiene que decir, en su rol articulador y de fomento en su conjunto del desarrollo nacional.

El litio es una ventana al futuro, sí. Pero en la medida que hagamos las cosas con sentido de estado.