La votación en Sala quedó aplazada para el próximo martes.

Junto con reiterar que no es partidario de involucrar a las Fuerzas Armadas en la Macrozona Sur, recalcó que espera un “plan integral”, donde el Ejecutivo avance en un “gran acuerdo político” con el poder económico y el poder forestal para avanzar en la restitución de tierras al pueblo mapuche.

El parlamentario señaló que al momento de informar los distintos hechos noticiosos de esta zona del país, debe "existir una separación entre la población mapuche con sus legítimas demandas indígenas y los violentistas que lucran gracias a negocios ilícitos”.

El parlamentario cuestionó las últimas señales del Ejecutivo, asegurando que “dicen que van a dialogar, pero con terroristas".

El documento traza seis ejes que, a juicio de los parlamentarios, el gobierno debe apresurar en su agenda legislativa; desarrollo humano, seguridad, economía, mujer y equidad de género, educación y descentralización.

El legislador llamó al gobierno y a sus partidos a “tener una postura política respecto del destino de la Convención, pues dijo que los partidos de gobierno están con dos sombreros: un sombrero en la Convención y un sombrero en el gobierno.

El parlamentario explicó el sentido de la iniciativa, que permitirá expulsar a arrendatarios morosos o que hayan destruido la vivienda.

El parlamentario había realizado gestiones con el Ministerio de Relaciones Exteriores para la reapertura de pasos hacia Argentina.

El legislador también se refirió al rol que deberá asumir la nueva mesa directiva encabezada por Felipe Delpín, y dijo que debe tomar “las medidas internas que correspondan, no sólo para ejercer el poder, sino para tener autoridad para posicionar a la Democracia Cristiana".

La parlamentaria por La Araucanía cuestionó que la respuesta del gobierno a este problema sea el diálogo, “cuando dijo que lo que corresponde al Estado es actuar frente a un delito flagrante, como es la usurpación de terrenos y desalojar a quienes infringen la ley”.

A través de un oficio dirigido a la ministra del Interior, Izkia Siches, los parlamentarios solicitaron al Ejecutivo un rol más activo para perseguir y castigar las tomas violentas de terrenos.

El parlamentario acusó, por parte del Ejecutivo, un “déficit de gestión política”, señalando que “en los primeros quince días pareciera que no existieran, o que no hubiera interés en su colaboración”.