A través de un oficio dirigido a la ministra del Interior, Izkia Siches, los parlamentarios solicitaron al Ejecutivo un rol más activo para perseguir y castigar las tomas violentas de terrenos.
La Región31/03/2022
Catalina Sánchez Hidalgo
Tras más de un año de tramitación, el senador por La Araucanía, Felipe Kast, junto a sus pares de Evópoli, hicieron un llamado al gobierno del presidente Boric, a poner urgencia al proyecto que busca castigar con penas privativas de libertad el delito de usurpación violenta.
La iniciativa, que surge de una sentida demanda ciudadana, permite dar el carácter de delito a la toma ilegal de terrenos a través de la fuerza, permitiendo la detención de los usurpadores por parte de Carabineros, quienes en la actualidad, a su parecer "no cuentan con las herramientas suficientes para aplicar esta medida".
Según explicó Kast, el crecimiento de las usurpaciones durante los últimos años ha "afectado principalmente a la macrozona sur y al norte de Chile, donde la toma de terrenos por parte de bandas delictuales ha crecido consistentemente en el tiempo”.
“Necesitamos fortalecer nuestra legislación para impedir el sufrimiento de miles de familias que ven cómo encapuchados se toman sus casas, sus terrenos y nos les pasa nada”, agregó.
Al mismo tiempo, el legislador explicó que en ningún caso el proyecto buscar perseguir las usurpaciones por extrema necesidad, es decir las tomas o campamentos, ya que "se hace la distinción entre familias que se sienten totalmente excluidas y quienes aprovechan una oportunidad para tener una segunda vivienda o hacer negocios”.
Por último y respecto a la petición realizada al Ejecutivo, el legislador señaló esperar que la ministra Siches y el presidente Boric, "se pongan del lado de las víctimas y entiendan que ninguna consigna, vale la utilización de la fuerza”.
Los vecinos al enterarse de lo sucedido intentaron ajusticiar a Juan Carlos Vitayo Martínez, pero sólo lograron quemar su automóvil, siendo detenido por Carabineros.
Rodrigo Camelio fue condenado por el Juzgado de Letras de Traiguén, al pago de una indemnización de 5 millones más 6 remuneraciones a su extrabajadora.
La consejera nacional indígena señaló que se trata de una fórmula fracasada que no responde a las demandas reales del pueblo mapuche.
Esta política educativa busca entregar mejores condiciones de aprendizaje a estudiantes autistas y a toda la comunidad educativa.
El director regional manifestó que se debe actuar con respeto a los derechos humanos y que seguirán con su rol de vigilancia, al igual que en todos los gobiernos.
La Municipalidad de la capital regional obtuvo un comodato por 5 años e invertirá en reparaciones, inicialmente, 450 millones de pesos.
Se aprobó proyecto que busca otorgar estabilidad laboral a docentes municipales o de los SLEP que cumplan con requisitos de antigüedad y carga horaria.
La coordinadora del programa Habilidades Para la Vida (HPV), informó a distintos colegios de Temuco que la UFRO fue avisada que no podrá continuar ejecutándolo.
Rodrigo Camelio fue condenado por el Juzgado de Letras de Traiguén, al pago de una indemnización de 5 millones más 6 remuneraciones a su extrabajadora.
Los vecinos al enterarse de lo sucedido intentaron ajusticiar a Juan Carlos Vitayo Martínez, pero sólo lograron quemar su automóvil, siendo detenido por Carabineros.
