Desde la Federación aseguraron que el parlamentario falta a la verdad respecto a lo normativo y regulatorio al difundir “información falsa respecto a los derechos de la mujer”.
El parlamentario cuestionó las cifras entregadas por la autoridad y recordó que durante ese periodo la violencia se redujo en un 40%, a diferencia de lo que dijo la titular de Desarrollo Social.
El parlamentario señaló que al momento de informar los distintos hechos noticiosos de esta zona del país, debe "existir una separación entre la población mapuche con sus legítimas demandas indígenas y los violentistas que lucran gracias a negocios ilícitos”.
A través de un oficio dirigido a la ministra del Interior, Izkia Siches, los parlamentarios solicitaron al Ejecutivo un rol más activo para perseguir y castigar las tomas violentas de terrenos.
"La determinación de eventuales responsabilidades corresponde exclusivamente a los organismos competentes (fiscalía y tribunales de Justicia)", señaló.
Tras un informe de la Contraloría se da la razón al gobernador regional René Saffirio: el ex fiscal regional Roberto Garrido debió haberse inhabilitado.