En una medida insólita, pero en línea con la intención que ya había manifestado el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, de detener lo que han llamado erróneamente "loteos brujos", el ministro de Agricultura instruyó al SAG la suspensión de la certificación de la subdivisión de predios rústicos (rurales), que pudieran significar una amenaza a los sistemas agroproductivos, al ecosistema y al equilibrio socio-ecológico de las localidades en las que están emplazados. 

"El ministerio de Agricultura, tras constatar la proliferación de proyectos de loteos en áreas rurales que vulneran la normativa vigente, simulando que continúan el destino agrícola del predio cuando en realidad cambian a destino habitacional, decidió adoptar medidas urgentes y efectivas", manifestaron en el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

"... el ministerio de Agricultura, en conjunto con el ministerio de Vivienda y Urbanismo, efectuaron un detallado análisis de la normativa vigente a fin de determinar el real sentido de ésta y su correcta aplicación", puntualizaron.

"Así, y con el objetivo de preservar el suelo rural para fines agrícolas y de evitar los efectos de un desarrollo inmobiliario al margen de la planificación territorial, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela instruyó al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), en orden de suspender la tramitación de toda solicitud de certificación de proyectos de subdivisión de predios rústicos en aquellos casos en que se advierta que el proyecto como tal pudiera involucrar un eventual cambio de destino de los lotes resultantes hacia aquellos no permitidos por la normativa", agregaron.

Desincentivar la compra de parcelas de agrado

La inédita iniciativa, que en la práctica prohibe a subdivisión de campos para su venta como parcelas de agrado -lo que baja su precio y las hace más accequibles-, parte asumiendo que el uso de la tierra "agrícola" se modificaría a un fin habitacional, deteriorando el equilibrio ecológico y agroproductivo.

"... esta práctica ha implicado un deterioro de los sistemas agroproductivos y del equilibrio ecológico donde se desarrollan, amenazando la sustentabilidad local, como, por ejemplo, a propósito de la sobredemanda de sistemas de Agua Potable Rural (APR), del aumento de concentración de residuos domiciliarios que demandan nuevos servicios de recolección y de la presión para desarrollar nueva infraestructura energética y vial, entre otros aspectos", dicen desde el ministerio de Agricultura.

"El Ministerio espera, con esta medida ... desincentivar nuevas presentaciones de proyectos que abiertamente tengan una finalidad no permitida por la normativa", explicaron además.

"Con todo, tanto el Ministerio de Agricultura como el Ministerio de Vivienda y Urbanismo están resueltos a poner término a la proliferación de proyectos con claros fines inmobiliarios en el área rural, al margen de la normativa, que no solo afectan negativamente el entorno en el que se desarrollan, sino que además inducen a los futuros adquirentes o compradores de predios rústicos a involucrarse en situaciones irregulares cuando el objeto de la adquisición del terreno tiene propósito habitacional sin mediar la intención objetiva de hacer agricultura en el predio", finalizaron desde el SAG. 

Loteos "Brujos"

Sin embargo, la autoridad no deja de confundir a la ciudadanía, empleando como términos similares el de "Loteos Brujos" con la subdivisión predial, donde lo primero corresponde a una práctica cada vez menos habitual de vender solo "acciones y derechos", dentro de una propiedad de menos de 5.000 metros cuadrados, generando un problema a todos los compradores, ya que nunca son dueños de algo en particular, si no de una parte inespecífica, de un todo más grande.

Muy por el contrario, la subdivisión predial consiste en dividir un predio agrícola en lotes de hasta 5.000 metros cuadrados (el mínimo que permite la Ley), para hacer con ellos lo que los propietarios deseen, como es en Chile con la Constitución actual.

Así, si un predio de 25 hectáreas puede llegar a costar fácilmente 250 millones, 5.000 metros dentro del mismo predio podrían tener un valor de 5 a 10 millones de pesos, generando valor al propietario y al comprador, dandole la posibilidad de acceder a una parcela por ese precio bastante más accesible que el del paño completo.

Desarrollo comunitario

El problema, para las autoridades, es que el creciente flujo de familias que están emigrando desde las ciudades al campo, en búsqueda de tranquilidad, vivir mejor, con menos contaminación o en contacto con la naturaleza, impone nuevos desafíos que la ciudad ya tenia resueltos. Disposición de las aguas servidas, incorporación de nuevos APR (Abastecimiento de Agua Potable Rural), e incluso un mayor flujo de personas buscando los servicios de la ciudad, que solo consideran un determinado número de habitantes, ahora aumentado.

Sin embargo, la visión debiera ser otra: aceptar el desafío y crecer en lugar de coartar la libertad de las personas de irse a vivir donde les plazca. Crear nuevos y mejores Cesfam (Centro de Salud Familiar), mejores escuelas y arreglar los caminos, en lugar de prohibir que llegue gente al lugar.

Reivindicaciones indígenas

Otro aspecto no tocado, pero que podría estar en la motivación del ejecutivo, es que la subdivisión en paños pequeños podría dificultar las posibles expropiaciones de terrenos con fines de reivindicaciones indígenas. De igual manera, la actual política de tierras de la Conadi.

Y claro, si no es lo mismo realizar una toma ilegal de un predio de 100 hectáreas, lidiando sólo con un agricultor, que tener que hacerlo con 100 dueños de una hectárea, cada cual con su familia para defender.

Por lo mismo y con argumentos similares sobre la protección de menokos (humedales) o de la biodiversidad, existe una creciente oposición a la venta de terrenos a particulares que buscan cumplir ya no el sueño de la casa propia, si no de vivir en el campo; con todo lo que eso conlleva. Un sueño que desde hoy el SAG coartará.